Falta de acceso a servicios obstétricos
Lee aquí la columna de la portavoz del MVC y abogada
Por Rosa Seguí
Hace unas semanas, la Unidad Investigativa de Género entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo publicó una investigación titulada “La geografía determina el acceso a servicios para embarazadas”. La investigación reveló que acceder a servicios de ginecólogos obstetras en Puerto Rico es un desafío y que dicha dificultad se agrava en los pueblos del centro de la isla. Los hallazgos de esta investigación son escandalosos, como por ejemplo, nos informa que, en 2017, habían 36 salas de parto y, al presente, solo quedan 25 para los 78 municipios. Además, que un 20 % de los municipios se consideran “desiertos de cuidado materno” porque carecen de hospitales o centros de partos con cuidado obstétrico y de proveedores especializados. Otro hallazgo muy lamentable es que la Unidad Investigativa solo logró identificar 63 ginecólogos obstetras que estuvieran atendiendo embarazadas hasta el momento del parto, y los servicios solo se ofrecen entre 24 municipios. Y de esos 63, solo 56 están aceptando nuevas pacientes.
Esta crisis grave de salud que enfrenta Puerto Rico tiene su origen en la privatización del sistema de salud público por parte del entonces gobernador Pedro Rosselló. Una de las principales causas de la fuga de médicos es el control y voracidad de las aseguradoras privadas que racionan servicios a pacientes, se inmiscuyen en decisiones médicas y pagan mal y tardíamente a proveedores. También se resisten a incluir nuevos profesionales en sus listas de proveedores.
Hoy, como cada 28 de mayo, se conmemora el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, y no cabe duda alguna que, en Puerto Rico, falta mucho por hacer para lograr un acceso adecuado a servicios obstétricos para las mujeres y las familias que desean criar y hacer sus vidas en este archipiélago. Los servicios de salud, la salud sexual y reproductiva son derechos humanos básicos. Por esto, exigimos que las políticas públicas reconozcan y protejan los derechos de las mujeres y que se invierta en la infraestructura de salud pública necesaria y en un sistema de salud público, como parte de los reclamos de Justicia Reproductiva.
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