Continúa el rechazo a la Ley 82 de 2026
Lee aquí la columna de la portavoz del MVC y abogada
Por Rosa Seguí
En febrero de 2026, dos representantes del Partido Nuevo Progresista presentaron el Proyecto de la Cámara 310, con el propósito de enmendar la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos para poder restringir el acceso a la justicia, imponiendo requisitos adicionales para la presentación de ciertos recursos legales extraordinarios para revocar permisos de construcción. Sin embargo, el Proyecto de la Cámara 310 fue modificado sustancialmente en el Senado para incluirle enmiendas al Código Municipal que hacen aún más restrictivo al acceso a la justicia y además, retira la protección que tenían ciertas áreas, identificadas como “Suelo Rústico especialmente protegido”, para que no se pudieran destruir y construir sobre estas.
A pesar del rechazo y advertencias de personas con peritaje legal y ambiental, el pasado 12 de mayo, la gobernadora Jenniffer González convirtió el Proyecto de la Cámara 310 en la Ley 82 de 2026. Expertas han expresado que la Ley 82 debilita los mecanismos de fiscalización ambiental y de acceso a los remedios judiciales que le permitirían a individuos y comunidades impugnar construcciones indebidas o ilegales. Uno de los aspectos más graves de la Ley 82 es el cambio que permite construcciones en suelos rústicos especialmente protegidos. Bajo el Código Municipal, en esos espacios estaba prohibido construir. Sin embargo, ahora la Ley 82 permitirá construir en suelo rústico especialmente protegido si se cumple con uno de varios requisitos, entre los cuales se incluye la determinación por el gobierno central, los municipios o la Junta de Control Fiscal de que tal propuesta de construcción es un “proyecto estratégico”.
También, la Ley 82 limita la participación ciudadana de cualquier impugnación de una construcción —aunque sea ilegal— al imponer como requisito una fianza que nunca será menor de 10 % del valor total del proyecto. Este requisito excluye a la mayoría de las personas y a las comunidades de acceder a remedios judiciales, reduciendo el acceso a la justicia y posiblemente poniendo en riesgo a la vida y la salud de la ciudadanía ante las construcciones que operen al margen de la ley.
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