La Universidad de Puerto Rico vuelve a ser escenario de una tensión no poco frecuente pero esta vez, a mi juicio, mal explicada.
Aunque hay reclamos de presupuesto y de reformas, no podemos engañarnos. En el centro del huracán está la doctora Zayira Jordán Conde. La presidenta y su figura administrativa es donde se concentra el descontento. El reclamo se resume, quizás con demasiada simpleza, en que “no les gusta la presidenta”. Y ahí comienza el problema.
Porque en la UPR, históricamente, el lenguaje de protesta rara vez es superficial. Las luchas estudiantiles han sido, en muchos casos, el termómetro moral del país que va desde la defensa de la educación pública hasta la resistencia frente a recortes y políticas impuestas. Hay, sin duda, una tradición que merece respeto. Hay, también, un derecho legítimo a cuestionar el poder. Pero respetar la protesta no implica suspender el análisis crítico sobre la naturaleza del reclamo.
Decir que “no gusta” una presidenta puede ser una forma de condensar malestares más profundos pero cuando ese sentimiento no se articula con claridad, pierde fuerza fuera del recinto universitario. Ahí surge la desconexión con un pueblo que merece entender un cierre de portones, clases online que desvirtúan y restan a la experienciq universitaria en la que lo presencial es quizás la parte más bonita de una vida estudiantil.
La UPR es autónoma pero no es un ente aislado. Es una institución pública sostenida, en gran medida, por los contribuyentes. Es también un espacio donde convergen estudiantes, profesores, personal no docente, egresados y un país que, aunque a veces distante, sigue viéndola como un símbolo de movilidad social. Cuando el reclamo no logra traducirse en argumentos comprensibles para esa audiencia más amplia, el apoyo se diluye.
No se trata de invalidar el sentir estudiantil. El descontento, incluso cuando es visceral, suele tener raíces legítimas. Pero en un momento en que la universidad enfrenta desafíos estructurales, los financieros, demográficos y hasta los académicos, la conversación pública exige algo más que paros y consignas. Exige precisión de argumentos.
¿Es un problema de gobernanza? ¿De falta de credibilidad? ¿De decisiones específicas que afectan la calidad educativa? ¿O se trata de una resistencia más amplia a una figura que representa, para algunos, una continuidad de una política penepé y estadista?
Sin respuestas claras, el reclamo corre el riesgo de parecer personalista, incluso caprichoso, ante quienes observan desde fuera.
Esa percepción importa porque el respaldo ciudadano es clave para cualquier transformación real en la UPR.
Hay, además, un elemento generacional que no debe ignorarse. Nuestros universitarios enfrentan un contexto distinto al que vivimos muchos en nuestra época. Viven más incertidumbre económica, menos garantías laborales, una migración constante que vacía salones.
Quizás el reto más grande no es si la presidenta gusta o no, o si le queda grande el puesto. Es si el movimiento estudiantil logra convertir ese rechazo en una agenda que convoque, que explique y que proponga. Una agenda que pueda ser entendida no solo dentro del campus, sino también por ese país que, aunque a veces desconectado, sigue apostando por su universidad pública.
La administración también tiene que hacer lo suyo y respetar la lucha estudiantil.
Eso implica escucharla con sinceridad.
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