La llamada reforma de permisos impulsada por la administración de Jenniffer González Colón llega con grandes promesas de agilidad, eficiencia y modernización. Palabras grandes que, en papel, prometen quitar trabas a un sistema que por años ha sido sinónimo de lentitud, burocracia y frustración profunda. Y esta vez no en papel, en 804 páginas, que de entrada puede trabarte el cerebro porque de inicio, nada que tenga esa cantidad de texto suena a simplificar.Pero más allá de eso, es claro e innegable que la gobernadora quiere cumplir con algo que ha sido promesa eterna de todas las administraciones que es simplificar el sistema de permisos de modo que los comerciantes puedan hacer negocios e inyectar dinero a la economía. Por lo que he visto, leído y conversado, es en esencia una redistribución de poder, quién decide, bajo qué criterios, con qué controles y para beneficio de quién. Y ahí es donde se complica.
La prisa por aprobar no puede convertirse en excusa para debilitar salvaguardas, reducir la participación técnica o marginar voces. Y aquí entra un elemento que debería preocupar más de lo que está preocupando y es la ausencia- (o exclusión)- de sectores técnicos en la discusión. Varias fuentes con conocimiento directo del andamiaje de permisos aseguran que no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de la reforma. No es un detalle menor. Es una alerta. Más preocupante es que se haya desatado una “cacería de brujas” interna. Funcionarios y protagonistas privados que han levantado cuestionamientos, que han pedido más transparencia o que simplemente han señalado vacíos en la propuesta, dicen haber enfrentado presiones, señalamientos o aislamiento. En un gobierno que se supone promueva apertura y rendición de cuentas, ese ambiente resulta peligroso. Porque cuando se castiga la disidencia técnica, lo que se pierde no es solo diversidad de opinión. Se pierde rigor. Se pierde la capacidad de anticipar errores. La gobernadora tiene ante sí una oportunidad real de transformar un sistema que, sin duda, necesita cambios. Pero reformar no es sinónimo de acelerar a cualquier costo. Tampoco es equivalente a centralizar decisiones o a simplificar procesos eliminando controles esenciales. La historia en esta isla está llena de ejemplos donde la “agilización” terminó abriendo puertas a la discreción, a conflictos de interés y a decisiones mal fundamentadas.Hay, además, un componente político inevitable. Esta reforma no ocurre en el vacío. Se da en un contexto donde la ciudadanía observa con escepticismo y donde cada decisión de política pública es evaluada no solo por su contenido, sino por la forma en que se construye. Y en ese sentido, el proceso importa tanto como el resultado. Si la administración realmente busca fortalecer el sistema de permisos, debería empezar por ampliar la conversación de verdad y no sólo en apariencia.
También sería prudente que el gobierno detalle con precisión cómo esta reforma evitará los errores del pasado. ¿Qué mecanismos de supervisión se fortalecerán? ¿Cómo se garantizará que la rapidez no comprometa la evaluación ambiental o la planificación urbana? ¿Qué controles existirán para evitar abusos? Son preguntas básicas.
El desarrollo económico sostenible no se construye sobre atajos ni sobre preferencias de quién las dirige. Cualquier reforma que ignore eso corre el riesgo de convertirse en otro experimento fallido, uno más en la larga lista.Una reforma de permisos bien hecha puede ser una herramienta poderosa. Pero una mal diseñada, o peor aún, una impuesta sin consenso puede generar más problemas de los que pretende resolver. La gente que de verdad quiere echar pa’lante esta isla ya está cansada de cuentos. Porque cuando un negocio quiebra en espera de un permiso, no es simplemente una pérdida de inyección económica, es una ilusión perdida, son sueños perdidos, de personas, de individuos, de gente que tuvo fe. Y la profunda decepción de que una vez más, nos fallaron. Ojalá este esfuerzo no los decepcione.
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