La llegada de una nueva presidenta a LUMA Energy ocurre en el ojo de un huracán político, económico y social. No se trata de un simple relevo administrativo, sino de un intento de darle reset a la narrativa de una empresa que, desde su llegada en 2021, ha estado marcada por controversias, apagones, papelones, aumentos tarifarios de los que la empresa se distancia y una crisis comprensible de confianza.
La ingeniera Janisse Quiñones hereda un sistema eléctrico viejo y deteriorado, producto de décadas de abandono y del impacto devastador de fenómenos como el huracán María. Ese ha sido y es el discurso. Pero ese diagnóstico que el país conoce, aunque sea real, ya no es suficiente ni satisface a nadie, porque ya han transcurrido cinco años de operación privada. Y tanto en mi barrio, com en el resto de Puerto Rico, la primera impresión es la que cuenta.
Si bien la administración de la gobernadora Jenniffer González ha logrado innegablemente agregar capacidad energética al sistema, el reto inmediato es de credibilidad, no de kilovatios. El mayor desafío de la nueva presidenta no es técnico, es político. Gobernar la red eléctrica de Puerto Rico hoy implica navegar la presión directa de una administración que llegó al poder con la promesa clara de cancelar el contrato de LUMA. Ese compromiso no es retórico y el gobierno ya ha dado pasos concretos, incluyendo acciones legales para poner fin al acuerdo. En entrevista que le hice para Jugando Pelota Dura el mismo primer día de su función, la ingeniera dijo que se concentrará en trabajar, trabajar y trabajar, y que las demandas seguirán su curso.
Pero Quiñones se coloca ante el enorme desafío de demostrar que LUMA puede quedarse, mientras opera bajo el continuo asedio de que su fin se acerca. ¿Puede revertirse la promesa de cancelación? En teoría, sí. En la práctica, es cuesta arriba. Cancelar el contrato no es tan simple como cumplir una promesa de campaña. Implica costos que podrían alcanzar cientos de millones de dólares, potenciales litigios y el reto aún mayor de encontrar, o crear, un sustituto viable en medio de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Además, el sistema no puede quedarse en el aire. Aún cancelando el contrato, LUMA tendría que seguir operando durante un periodo de transición. Ahí es donde la nueva presidenta tiene una ventana estratégica. Si logra estabilizar el servicio, reducir la frecuencia de apagones y mejorar la comunicación con municipios y abonados, podría transformar una promesa política en un dilema de gobernabilidad: ¿sacar a una empresa que finalmente empieza a funcionar?
Más allá de LUMA, Puerto Rico enfrenta un problema estructural en su sistema energético y siendo justos, la culpa siempre la cae a LUMA mientras Genera- responsable de generación-m juega como cuando uno era chiquito: meto la pata pero escondo la mano. O permanezco en silencio apostando a que no me cojan. Cambiar de operador, por sí solo, no resuelve décadas de abandono, deuda y vulnerabilidad ante desastres naturales. Por eso, la gestión de la nueva presidenta no debe evaluarse únicamente en términos de si salva o no el contrato. Su evaluación depende en gran parte de si logra que LUMA se convierta en un sistema más estable y confiable.
Al final, LUMA no necesita solo una nueva cara, ni siquiera porque sea la cara de una boricua formada académicamente aquí y con toda su familia sintiendo y padeciendo la imperfección que ahora su hija preside. Necesita resultados que cambien percepciones y la pelea de la percepción, hace tiempo la perdieron.
En el centro de tanta tensión, la nueva presidenta no tiene margen para errores ni tiempo para excusas. Y aunque en Puerto Rico, Quiñones no enfrentará las condiciones meteorológicas y topográficas que magnificaron los trágicos fuegos en los Palisades, distinto a California, ya aquí, antes de su llegada el bosque estaba en fuego.