Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que surge de luchas obreras que exigieron salario justo, condiciones laborales dignas y participación plena y equitativa en la vida pública.
En Puerto Rico, la radiografía actual revela disparidades profundas. Según datos oficiales, la brecha salarial entre mujeres y hombres no solo persiste, sino que ha aumentado. En 2023, las mujeres ganaron aproximadamente 83 centavos por cada dólar que recibió un hombre, y la diferencia se amplía en los niveles de ingreso más altos. Entre 2019 y 2023, los salarios medianos de los hombres aumentaron un 15 %, mientras que, en el caso de las mujeres, solo subieron alrededor de un 2 %.
Además, la participación de las mujeres en el mercado laboral continúa siendo significativamente menor que la de los hombres; solo cerca de un tercio de las mujeres en edad laboral están activamente en la fuerza de trabajo, muy por debajo de la media global y regional. Esta brecha implica no solo menor ingreso familiar, sino también menor autonomía económica para las mujeres. Por ejemplo, según datos del censo reciente, el número de mujeres sin hogar ha aumentado de forma alarmante, con un 26 % de mujeres sin vivienda, muchas de ellas sobrevivientes de violencia.
Como si fuera poco, se suma la sobrecarga de tareas de cuidado. En una de las poblaciones más envejecidas del hemisferio y carente de estructuras de apoyo, el cuidado de personas mayores, menores y familiares con diversidad funcional recae mayoritariamente sobre las mujeres. Este trabajo, en gran medida no remunerado, condiciona su inserción laboral, su estabilidad económica y su salud física y emocional con efectos sociales profundos que perpetúan ciclos intergeneracionales de desigualdad.
A todo esto, añadimos el ensañamiento del actual gobierno en contra de los derechos de las mujeres con la aprobación de leyes como la que reconoce al no nacido como persona natural.
El 8 de marzo nos convoca a reconocer que la desigualdad no es accidental: responde a estructuras que deben transformarse con voluntad política. Garantizar equidad salarial real, ampliar servicios públicos de cuidado y promover la participación económica plena de las mujeres es una condición indispensable para el desarrollo justo y sostenible de Puerto Rico.