La democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones. Se mide, sobre todo, por la forma en que quienes ostentan el poder lo ejercen. La historia demuestra que el mayor peligro para los sistemas democráticos no proviene necesariamente de golpes de Estado o rupturas abruptas, sino de un proceso más silencioso: el uso progresivo del poder político para alterar las reglas del juego en beneficio de quienes gobiernan.
Cuando una mayoría legislativa comienza a actuar con arrogancia y desprecio hacia quienes piensan distinto, la democracia empieza a debilitarse. El lenguaje es siempre revelador. En días recientes, hemos escuchado con demasiada frecuencia la expresión “barrimos”, utilizada para celebrar la imposición de decisiones legislativas desde la fuerza de una mayoría partidista.
Esa expresión, aparentemente inofensiva para algunos, encierra una visión profundamente equivocada del ejercicio del poder. La democracia no consiste en “barrer” adversarios políticos ni en aplastar las voces disidentes. Gobernar no es un ejercicio de dominación; es un ejercicio de responsabilidad hacia todo el país, incluyendo a quienes no votaron por quienes hoy ocupan el poder.
La arrogancia política suele ser el primer síntoma de un problema mayor. Cuando una mayoría se convence de que su poder es absoluto, comienza entonces a mirar las leyes no como normas que deben respetarse, sino como herramientas que pueden modificarse para consolidar su posición.
Ese patrón comienza a evidenciarse en varias iniciativas recientes impulsadas desde el poder. El Proyecto del Senado 717, que propone enmendar el Código Electoral, levanta serias interrogantes sobre el futuro de los procesos electorales en Puerto Rico. Las reglas del sistema democrático deben construirse desde el consenso más amplio posible, no desde la conveniencia de un partido que circunstancialmente controla la Legislatura.
De igual manera, el Proyecto del Senado 1096, que propone cambios significativos en la judicatura, despierta preocupación legítima sobre el equilibrio de poderes. La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia funcional. Alterar ese delicado balance desde el poder político siempre debe examinarse con el mayor rigor y cautela.
Pero quizás uno de los ejemplos más alarmantes del uso del poder para acomodar intereses particulares lo constituye el proyecto impulsado por la gobernadora para legalizar las construcciones levantadas ilegalmente en el área de La Parguera. Cambiar la ley para validar estructuras edificadas en una reserva natural protegida no solo representa un grave precedente ambiental; representa también una peligrosa distorsión del principio de igualdad ante la ley.
Las leyes no pueden convertirse en instrumentos moldeables para beneficiar a quienes tienen acceso al poder o influencia política. Cuando el Estado envía el mensaje de que las normas pueden ajustarse para acomodar violaciones previas, se socava la credibilidad de todo el sistema legal.
La democracia requiere algo más que mayorías numéricas. Requiere prudencia, respeto institucional y una profunda comprensión de que el poder político es, por naturaleza, transitorio. Los gobernantes pasan; las instituciones permanecen.
Por eso, los verdaderos estadistas y líderes democráticos ejercen el poder con humildad. Entienden que las leyes que aprueban hoy también regirán mañana cuando ya no ocupen sus posiciones de autoridad. Puerto Rico necesita una política menos arrogante y más consciente de su responsabilidad histórica. La tentación de utilizar el poder para consolidar ventajas partidistas ha sido, en demasiadas ocasiones, el origen de profundas crisis institucionales en muchas democracias alrededor del mundo.
La lección es clara: cuando quienes gobiernan comienzan a reescribir las reglas del sistema para fortalecer su control político, la democracia deja de ser un espacio de participación equitativa y comienza a transformarse en un instrumento de poder.
Y cuando eso ocurre, el verdadero perdedor no es un partido político ni un sector ideológico.
El verdadero perdedor es el país.