“Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo”. Esta advertencia resume una lección que Puerto Rico aprendió tras el encallamiento del Long Beach en el canal de navegación del Puerto de San Juan a finales de la década de 1980. Aquel evento puso en evidencia los riesgos de permitir que la presión comercial se imponga sobre la prudencia marítima y la seguridad pública.
Precisamente para evitar que situaciones como esa se repitieran, Puerto Rico adoptó un sistema moderno de practicaje compulsorio, creando la Comisión de Practicaje mediante la Ley 226. Su propósito sigue siendo claro y vigente: proteger el interés público, la seguridad de la navegación, el ambiente marino y la infraestructura portuaria, asegurando que los prácticos puedan ejercer su juicio profesional libres de presiones económicas.
Este modelo no es exclusivo de Puerto Rico. Veinticuatro estados costeros de los Estados Unidos operan bajo sistemas de practicaje estatal similares. La razón es sencilla: la navegación es una actividad profundamente local, con condiciones particulares en cada puerto, canal y bahía. Por ello, desde los inicios de la nación americana, el Congreso delegó en los estados y territorios la autoridad principal sobre el practicaje de embarcaciones.
A diferencia del pilotaje puramente federal —limitado esencialmente a un examen y requisitos mínimos— los sistemas estatales exigen programas rigurosos de adiestramiento compulsorio. En Puerto Rico, la Ley 226 establece un programa formal de adiestramiento que requiere años de formación e innumerables maniobras bajo la supervisión directa de prácticos licenciados. Este sistema comprobado es la base del practicaje utilizado en toda la nación.
El practicaje no encarece el costo de vida en Puerto Rico ya que no lo pagan los ciudadanos ni los contribuyentes, sino exclusivamente las embarcaciones que utilizan los puertos y se benefician de una navegación segura y eficiente. Es un costo operativo del comercio marítimo internacional, no una carga social.
En algunos espacios se discute, de manera general, la posibilidad de trasladar ciertas funciones del practicaje al gobierno federal. Un esquema así implicaría que decisiones importantes sobre nuestras aguas pudieran tomarse fuera de Puerto Rico, por personas que no necesariamente viven aquí ni sufren las consecuencias de esas decisiones. El modelo estatal, en contraste, mantiene esas decisiones en manos de profesionales vinculados a la comunidad y comprometidos con su bienestar.
El sistema estatal de practicaje ha demostrado ser eficaz porque coloca en el puente del buque a un profesional altamente entrenado, independiente de intereses comerciales y responsable ante el interés público. Fortalecerlo es apostar por puertos seguros y por un Puerto Rico que aprende de su historia.