Hay una señal inequívoca de que una democracia comienza a resquebrajarse: cuando el poder político decide que los jueces —no sus decisiones, sino los jueces mismos— son el problema. Cuando el árbitro pasa a ser señalado como enemigo, el mensaje es claro y peligroso: la ley solo vale cuando me favorece.
En los últimos años, tanto a nivel federal en Estados Unidos como en Puerto Rico, hemos visto un patrón alarmante: campañas abiertas de descrédito contra el poder judicial cada vez que este cumple con su función más básica —ponerle límites al poder.
En el plano federal, el ejemplo es crudo y reiterado. Jueces federales que han emitido órdenes adversas a políticas migratorias, a decretos ejecutivos o a actuaciones claramente al margen del debido proceso han sido atacados públicamente, tildados de “activistas”, “corruptos” o “enemigos del pueblo”. No se cuestiona la argumentación jurídica; se cuestiona la legitimidad misma del juez. Se busca sembrar la idea de que el tribunal no es un foro imparcial, sino un obstáculo ilegítimo que debe ser ignorado, presionado o desacreditado.
Ese discurso no es retórico ni inocuo. Cuando desde el poder se desacredita al juez que ordena detener una deportación ilegal, que exige respeto al debido proceso o que hace valer la separación de poderes, se le está diciendo, a la ciudadanía, que cumplir con la ley es opcional si estorba. Se normaliza la desobediencia institucional. Se erosiona la Primera Enmienda, el debido proceso y el delicado balance que sostiene la República.
Puerto Rico no está exento de esta práctica corrosiva. Aquí también hemos visto cómo, ante decisiones judiciales incómodas, algunos sectores reaccionan con ataques personales a jueces y juezas, insinuaciones de parcialidad política, campañas de linchamiento mediático y presiones veladas o abiertas. Se acusa al tribunal de “desconectado del pueblo”, de “no entender la realidad”, o peor aún, de actuar con agendas ocultas, simplemente por aplicar la ley.
El problema no es la crítica —las decisiones judiciales pueden y deben ser analizadas, debatidas y apeladas. El problema es el salto peligroso de la crítica jurídica al ataque institucional. Cuando se convierte al juez en villano, cuando se cuestiona su autoridad moral por el simple hecho de decidir conforme al derecho, se mina la confianza pública en el sistema de justicia. Y sin confianza en los tribunales, no hay Estado de derecho: hay fuerza, arbitrariedad y, eventualmente, miedo.
Convertir a los tribunales en “enemigos” tiene consecuencias reales. Legitima la desobediencia a órdenes judiciales. Incentiva amenazas contra jueces y sus familias. Desalienta a futuros juristas a servir desde la judicatura. Y, quizás lo más grave, le enseña a la ciudadanía que la justicia es un campo de batalla político más, no un refugio frente al abuso del poder.
La historia local y global nos advierte con claridad meridiana: los regímenes autoritarios no comienzan cerrando tribunales; comienzan desacreditándolos. No empiezan ignorando la ley; empiezan relativizándola. Cuando la ley deja de ser un límite y pasa a ser un estorbo, la democracia entra en cuidados intensivos.
Defender al poder judicial no es defender jueces específicos ni decisiones particulares. Es defender el principio de que nadie, ni el presidente, ni el gobernador, ni la Legislatura, está por encima de la ley. Es entender que un juez que falla en contra del poder no es un enemigo: es una señal de que el sistema aún respira.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es incómoda pero urgente: ¿queremos vivir en un país donde los jueces deciden conforme a la ley, o en uno donde deciden conforme al miedo? La respuesta a esa pregunta define no solo el futuro de nuestros tribunales, sino el de nuestra democracia misma.