Por más de veinticinco años los organismos de Derecho Internacional y de Derechos Humanos no fueron efectivos en Venezuela. Sus habitantes pasaron un cuarto de siglo clamando a la comunidad internacional que interviniera para que sus derechos humanos fueran restaurados. ¡Veinticinco años! ¿La respuesta? Como dice la letra en una canción de Alberto Cortés, “cundió la alarma… se dictaron normas”. Miraron a otro lado o se conformaron con emitir documentos que invitaban al “diálogo de las partes”. Desafortunadamente, el actual andamiaje que vela por los derechos humanos y el derecho internacional no funcionó.
No había forma. No había cómo.
No fue por falta de esfuerzo por parte de los venezolanos. Entre el año 2000 y el 2020 realizaron más de 100 mil protestas. Sí, ¡100.000!, reclamando sus derechos, algunos tan elementales como el suministro de agua, electricidad o gas, o el derecho a decidir cómo educar a sus hijos, a recibir atención médica, al respeto de la propiedad privada y a elecciones libres y justas.
Pero esta película ya la habíamos visto en blanco y negro. La respuesta del régimen fue la misma que hemos visto tantas otras veces: la criminalización de la protesta, los desparecidos, el regreso de los presos políticos, juicios injustos y todo lo que es típico de estos asuntos. Por muy malvados que hayan sido, los chavistas sufren por una gran falta de creatividad, y nunca aportaron nada nuevo al reportorio originado en la más grande de las Antillas.
Al igual que en Cuba cuando la época del Proyecto Varela liderado por Oswaldo Payá,, la oposición venezolana apeló a todos los recursos que le proveían sus leyes para intentar, por todos los medios, el rescate de su democracia. Y con el mismo éxito. La participación o no en los procesos electorales del chavismo fue fuente permanente de división interna. Desde la activación del revocatorio contra Hugo Chávez en 2003, pasando por la participación electoral bajo inhabilitaciones arbitrarias, restricciones de campaña y agresiones a sus líderes, hasta acudir a ofertas de diálogo cuyos acuerdos fueron sistemáticamente violados por el régimen, y finalmente demostrar el fraude electoral de Nicolás Maduro en 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral lo proclamó vencedor sin mostrar resultados.
En el plano internacional, denunciaron los abusos ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. En respuesta, el régimen desoyó o descalificó los llamados de atención, se retiró del sistema interamericano y amenazó con hacer lo mismo ante la CPI, donde el caso venezolano lleva diez años esperando un pronunciamiento. ¡Diez años! El mismo organismo que actuó con rapidez contra Benjamín Netanyahu, presionado por el progresismo y la izquierda internacional.
El 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión que desenmascara la hipocresía y la incapacidad para hacer valer las leyes y ordenamientos internacionales proclamados por organizaciones internacionales y algunas ONG.
En ese escenario, el único que decidió actuar más allá de pronunciamientos bien intencionados pero vacíos fue Donald Trump. Lo hizo porque entiende que Venezuela se ha convertido en una amenaza real para la seguridad hemisférica y para los Estados Unidos.
Forzar la emigración de casi ocho millones de personas, con el enorme impacto social y económico que ello implica para los países receptores, e infiltrar entre esos migrantes integrantes de bandas criminales y cuerpos paramilitares para generar inestabilidad en gobiernos considerados no aliados, es una realidad. Se trata de una réplica del modelo de la fracasada revolución cubana, de la cual el chavismo siempre dependió y que hoy sobrevive gracias a subsidios de enemigos de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump, luego de agotar las vías negociadas, los recursos diplomáticos y la presión económica y política, optó por una intervención que apuesta a la alta eficiencia, bajo costo y múltiples beneficios para Venezuela, el hemisferio y los Estados Unidos.
La semejanza con Panamá en 1989 radica en la justificación legal basada en el narcotráfico y la criminalidad más que en una declaración formal de guerra. Sin embargo, las diferencias son profundas. En Panamá se buscó destruir las fuerzas militares. En Venezuela, la estructura militar se mantuvo deliberadamente intacta para evitar el colapso total de un Estado ya debilitado antes de la intervención.
Trump, partiendo de la premisa de que Estados Unidos es el líder de la región, eligió esta opción para apoyar la recuperación económica de Venezuela, paso esencial para restablecer una democracia sólida. Es un modelo bastante parecido, pero no idéntico, al que ya se aplicó con éxito en la reconstrucción de Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial. De allí la decisión de dejar transitoriamente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en correspondencia con el ordenamiento jurídico venezolano.
Es cierto que las condiciones son distintas. En Venezuela no hubo una guerra, lo que hace aún más cruel una crisis diseñada al copiar el fracaso cubano. Su debacle fue orquestada por un proyecto político que desmanteló la democracia, destruyó la infraestructura, atacó el aparato productivo, forzó la huida del talento humano y descapitalizó el conocimiento. Basta recordar el despido de veinte mil profesionales altamente capacitados de PDVSA en 2002.
Por el bien de Venezuela, de América Latina y de los Estados Unidos, esperamos que el modelo adoptado en este momento histórico sea exitoso. Como abogado, quisiera escribir que los organismos internacionales reaccionaron, escucharon a todas las partes y actuaron conforme a derecho. Desafortunadamente, la verdad es otra.
Tampoco seamos ingenuos. Venezuela es estratégicamente importante. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, importantes yacimientos de gas, las mayores reservas de oro de América Latina y abundantes recursos de hierro y bauxita.
Además, cuenta con una dotación relevante de tierras raras, minerales críticos cada vez más necesarios para la economía global y la industria tecnológica avanzada, hoy dominada por China.
Más allá de los intereses económicos, Venezuela importa como aliado y no como factor de perturbación hemisférica. Importa porque el narcotráfico amenaza la vida de millones de estadounidenses. Importa porque treinta millones de personas han sufrido casi tres décadas bajo un régimen tiránico.
Antes del chavismo, Venezuela fue uno de los aliados más firmes de Estados Unidos. Fue un proveedor confiable de petróleo en momentos clave y su desarrollo energético se apoyó en la inversión y el conocimiento de empresas estadounidenses.
Cuando los organismos internacionales no logran hacer respetar sus propias cartas de derechos, algo anda mal. Si el Derecho Internacional es incapaz de procesar a personajes como Nicolás Maduro, que bailaba en cadena nacional mientras masacraba a su pueblo, algo no está bien. Si los derechos humanos que importan son los del régimen que mantuvo más de mil presos políticos y una cifra similar de desaparecidos, entonces algo anda muy mal.