La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva, oportunista ni condicionada por conveniencias políticas o afinidades partidistas. Combatir la corrupción exige coherencia moral, respeto al Estado de Derecho y un compromiso inquebrantable con la justicia, aun cuando resulte incómodo o impopular.
En Puerto Rico, el daño causado por la corrupción ha sido profundo y persistente. Ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, ha desviado recursos que pertenecen al pueblo y ha debilitado la legitimidad del gobierno. Por ello, cualquier acción que pretenda minimizar, excusar o borrar las consecuencias de actos de corrupción representa un golpe directo a la credibilidad del sistema democrático y a la dignidad del pueblo.
Es precisamente desde ese principio que Proyecto Dignidad se opuso firmemente al indulto concedido a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Nuestra postura no responde a animosidad personal ni a cálculos políticos, sino a un principio fundamental: nadie debe estar por encima de la ley, y mucho menos quienes han ostentado las más altas responsabilidades públicas.
El indulto en casos de corrupción envía un mensaje peligroso: que el poder puede servir como escudo frente a la rendición de cuentas; que las consecuencias legales pueden ser anuladas por decisiones políticas; y que el sacrificio del pueblo, que exige transparencia y justicia, es secundario frente a acuerdos de élite. Ese mensaje es incompatible con una democracia sana y con un verdadero compromiso anticorrupción.
Proyecto Dignidad cree en la misericordia, pero rechaza su uso como sustituto de la justicia. La misericordia no puede convertirse en impunidad, ni la clemencia en un mecanismo para socavar la confianza pública. El perdón auténtico requiere verdad, responsabilidad y reparación; nunca el borrón administrativo de actos que lesionaron al país.
Nuestra oposición al indulto reafirma una convicción clara: la lucha contra la corrupción debe ser real, consistente y sin excepciones. Puerto Rico merece un gobierno donde la ley se aplique por igual, donde el servicio público sea un honor y no un privilegio para abusar del poder, y donde las decisiones se tomen pensando en el bien común, no en intereses particulares.
Seguiremos defendiendo la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad como pilares esenciales para la reconstrucción moral e institucional de Puerto Rico. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Esa es la lucha que Proyecto Dignidad no está dispuesto a abandonar.