Por años, la clase media puertorriqueña ha sido la gran olvidada del debate contributivo. Demasiado “rica” para cualificar para ayudas, pero lo suficientemente exprimida como para sentir, cada quincena, que el esfuerzo no rinde. En ese contexto, la reforma contributiva presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón, en los primeros días de enero de 2026, representa un giro necesario y, sobre todo, coherente con una visión pro crecimiento económico y procontribuyente.
A diferencia de intentos anteriores, esta propuesta parte de un principio fundamental que, en Puerto Rico, suele ignorarse: el dinero rinde más en el bolsillo del ciudadano que en las arcas de un gobierno ineficiente. Reducir la carga contributiva de la clase media no es un acto de populismo fiscal; es una apuesta estratégica por la actividad económica, el consumo responsable y la creación de riqueza desde abajo hacia arriba.
La reforma reconoce que la clase media es el verdadero motor del país. Al aliviar las tasas contributivas y ajustar los renglones de ingresos para reflejar la realidad económica actual —no la de hace veinte años,— se corrige una distorsión histórica que castigaba el ingreso del trabajo y la productividad. Ese alivio contributivo no es dinero “perdido” para el Estado; es capital que se reintegra a la economía real: comercios locales, servicios profesionales, ahorro, inversión y emprendimiento.
Uno de los mayores aciertos de la propuesta es su enfoque en estimular el crecimiento económico sin crear nuevos impuestos ni inventar parchos contributivos. En lugar de recaudar por medio del castigo, la reforma apuesta a recaudar por medio del crecimiento. Esa es una lógica básica del capitalismo moderno que Puerto Rico, por demasiado tiempo, se resistió a aceptar.
Además, la reforma envía un mensaje claro al sector privado: esta Administración entiende que el desarrollo económico no se decreta desde un escritorio gubernamental, sino que se construye creando condiciones favorables para producir, invertir y contratar. Al reducir la presión contributiva sobre individuos y pequeñas y medianas empresas, se fomenta la formalización, se incentiva la expansión de negocios existentes y se mejora la competitividad de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones.
Críticos, como de costumbre, levantarán el fantasma del recaudo. Pero ese argumento ignora la realidad: un sistema contributivo asfixiante no recauda más; recauda menos porque reduce la base económica. La historia reciente del país es prueba suficiente. La reforma de la gobernadora González Colón, en cambio, apuesta a ampliar esa base mediante crecimiento, no mediante coerción fiscal.
Igualmente importante es el mensaje político que encierra esta propuesta. En momentos en que muchos gobiernos optan por aumentar impuestos y expandir el aparato estatal, Puerto Rico decide nadar contra la corriente: confiar en su gente, en su capacidad productiva y en la empresa privada como motor de progreso.
Esta reforma contributiva no lo resuelve todo, pero apunta en la dirección correcta. Pone dinero en el bolsillo del contribuyente, devuelve dignidad al trabajo y sienta las bases para un desarrollo económico más sano y sostenible. Acompañada de disciplina fiscal y control real del gasto público, puede marcar el inicio de una nueva etapa para la economía puertorriqueña.
En fin, no se trata solo de bajar contribuciones. Se trata de un cambio radical en la mentalidad: pasar de un gobierno que castiga al que produce, a uno que lo reconoce como aliado. Esa es la verdadera reforma que Puerto Rico necesita y que la adminsitración de la gobernadora, con el apoyo del liderato legislativo, busca implementar.