Mientras todos los cañones se dirigen a Luma Energy—no que sea inmerecido—el otro operador privado queda relevado del escrutinio público. Cada día más, me pregunto cómo veremos en el futuro este capítulo de nuestra historia energética. Una utilidad pública quebrada le fue confiada a una empresa privada en crisis financiera.
El sistema eléctrico es esencial tanto para nuestra economía como para nuestra vida diaria. A casi una década desde que se radicó su quiebra, no parece estar cerca de una reestructuración viable. Sin embargo, en el afán de privatización, se le ha confiado uno de los dos componentes esenciales del sistema a una empresa privada que pasa por su propia crisis financiera.
En el 2024, New Fortress y Genera PR—entidades separadas, pero una dueña única de la otra—públicamente celebraron el negociazo de controlar el futuro energético de Puerto Rico. El plan de gas natural como nuestra fuente primaria de energía, contraria a nuestra política pública, fue tremenda noticia para sus accionistas. Ante este claro conflicto de intereses y la falsa representación que hubo al momento de contratar con Genera PR, no hubo reacción por parte del Gobierno.
En el 2025, la insolvencia de New Fortress y su precaria situación financiera estuvo en todos los medios noticiosos estadounidenses. Todavía me llegan a diario las notificaciones del sube y baja del valor de sus acciones. Nuevamente, de nuestro Gobierno, nada.
Ahora, New Fortress se enfrenta a una fecha límite para lograr reestructuración, el 9 de enero de 2026. Sin embargo, se reporta que está en corriendo para lograr cumplimiento porque su activo clave, el contrato de gas natural en Puerto Rico, no atiende la situación inmediata. O sea, la privatización de la Autoridad no ha traído eficiencia ni inversión, y ahora no solo recae sobre nuestra tarifa la responsabilidad de sacar a la utilidad a flote, sino también el de mantener estas empresas privadas en negocio sin que nos den nada a cambio.
El contrato de GeneraPR, al igual que el de Luma, se ha cuestionado desde el inicio. La fijación con la privatización de la Autoridad ha llegado al nivel de fanatismo. Ha impedido que se tomen en serio los señalamientos sobre este negocio, incluso los que vienen de personas que favorecen la privatización. Esa fijación con la privatización en sí es el problema. Los problemas que tuvo la Autoridad en su momento se perpetúan en estos contratos. Porque el problema no era que la Autoridad era pública, no era que tenía empleados unionados. El problema eran los contratos malos, la corrupción, los intereses privados y la incapacidad de priorizar lo esencial para que corra el sistema. Ahí estuvimos. Ahí seguimos.
Como en Macondo, aceptamos con la serenidad de lo cotidiano una realidad que no nos corresponde. En nuestro caso, una que es absurda e insostenible. La Autoridad de Energía Eléctrica continúa su laberinto de quiebra mientras la empresa a cargo de la generación privada negocia moratorias con sus acreedores. En otro contexto esto sería una fábula fantástica; en Puerto Rico es un día cualquiera. Ojalá que en algún momento aceptemos que la estirpe de la privatización está condenada al fracaso y no le demos más oportunidades para comprobarlo.