Como ingeniero electricista con décadas en la manufactura industrial, entiendo que la estabilidad de la energía no es un lujo; es el oxígeno de cualquier operación. Por eso, observar el fenómeno de LUMA Energy me resulta frustrante, tanto desde la perspectiva técnica como ciudadana.
Cuando en junio de 2021 (fecha del inicio oficial) se nos prometió eficiencia y modernización, la esperanza era cerrar el capítulo de apatía de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sin embargo, tras años de gestión, la pregunta en cada apagón es obligatoria: ¿Compramos una solución o simplemente le cambiamos el nombre al problema?
Desde la ingeniería, sabemos que nuestra red es frágil y maltratada. Pero el fracaso de LUMA no es solo el estado de los cables; es la brecha abismal entre la expectativa y la ejecución. Cambiar al administrador sin transformar la estructura es como cambiar al chofer de un camión que no tiene motor. Para el ciudadano de a pie, el costo de este “experimento” es asfixiante: es la comida que se daña, el comerciante que cierra y la ansiedad de nuestra población envejeciente que vive pendiente a un interruptor.
LUMA ha caído en la misma trampa que criticamos del pasado: el enfoque en el media show y las excusas, en lugar de la transparencia técnica. Un contrato de esta magnitud debería evaluarse por métricas de ingeniería —tiempo de respuesta, estabilidad de frecuencia y reducción de pérdidas— y no por comunicados de prensa escritos para otra realidad. Al final, este no es solo un asunto de voltios y amperios; es un asunto de respeto y propósito. En adición, el informe de EnerNex para la Junta de Supervisión Fiscal es claro: nuestra red se deteriora un 5% cada año. En términos sencillos, cada momento que pasamos enfrascados en litigios sin ejecución, el sistema es un 5% más débil. No estamos ante un paciente “estresado”, sino ante uno en cuidados intensivos que pierde oxígeno cada minuto. Necesitamos gente seria en el gobierno que sepa auditar un contrato con rigor técnico, que exija que cada centavo de los fondos de recuperación se use en el campo y no en burocracia, y que entienda que, sin energía confiable, no hay desarrollo económico ni futuro para la familia puertorriqueña.
Esta falta de capacidad administrativa quedó retratada esta semana con una noticia insólita: LUMA tuvo que devolver sobre $100 millones al COR3 por pura desidia administrativa. Es el colmo de la ineficiencia tener el dinero en la mano y verse obligado a regresarlo mientras el país sigue a oscuras. Esto no es falta de presupuesto; es una falla crítica en la gestión de proyectos.
Ante este panorama, el análisis del exrepresentante Luis Raúl Torres pone sobre la mesa una distinción necesaria que ha señalado correctamente el ex-vicepresidente de Proyecto Dignidad, Lic. Juan M. Frontera Suau: una cosa es el pleito legal para no apagar la luz mañana, y otra muy distinta es dañar la capacidad de invertir para el “pasado mañana”. Lamentablemente, la respuesta de la gobernadora Jenniffer González parece ser otro capítulo del mismo media show. Alguien debe explicarle que la realidad técnica es más terca que un discurso televisado. Un pleito en los tribunales no poda árboles ni estabiliza el voltaje; al contrario, añade una incertidumbre que congela los fondos y distrae el enfoque de la única métrica que cuenta: que la electricidad no se vaya.
La animosidad contra LUMA es real y entendible; nadie defiende lo que no funciona. Pero la política pública no puede ser un desahogo emocional. Si convertimos el contrato eléctrico en un campo de batalla legal eterno, lo que logramos no es que la luz llegue más rápido, sino que los fondos federales se congelen o se tengan que seguir devolviendo. Nuestra brújula no puede ser el coraje ni la nostalgia por una AEE que ya no existe. Tiene que ser una brújula fría centrada en cuatro pilares:
- Confiabilidad: Que el sistema aguante.
- Ejecución: Que la obra se vea en la calle.
- Calendario: Que se cumplan los plazos.
- Realismo Fiscal: Una salida ordenada de la quiebra.
No podemos permitir que la energía se convierta en otro “estatus”: una discusión circular donde todos tienen la razón, pero nadie tiene la solución. Es hora de que la ejecución venza a la retórica, antes de que el deterioro natural del 5% anual tome la decisión por nosotros.