La gobernadora Jenniffer González ha estado recientemente bajo mucho ataque por dos razones. La primera, por haber destituido fulminantemente a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor Valerie Rodríguez Erazo, sin aparente justificación. Y segundo, porque su gestión como gobernadora había salido con mala aprobación general, según una encuesta de un rotativo del país el pasado noviembre.
Existe una visible y profunda fragmentación en el Partido Nuevo Progresista (PNP): el grupo que sigue a la gobernadora y el grupo que sigue a Thomas Rivera Schatz. Rodríguez Erazo es del grupo de Rivera Schatz y se rumora que pudiera ser una contrincante de González en una primaria del PNP a la gobernación. Se rumora que esto pudiera ser una de las razones para la destitución de Rodríguez Erazo.
Luego de estos dos sucesos, y en un acto para mejorar su imagen, la gobernadora presentó una demanda para “invalidar” el contrato de LUMA. Sin embargo, en dicha demanda —presentada por agencias del gobierno de Puerto Rico— responsabiliza al propio PNP, pero a través de la figura del pasado gobernador, Pedro Pierluisi, de haber firmado un contrato “nulo” que le dio “control indefinido” a LUMA y subordinar “el interés público a la mera voluntad del operador privado”. Lo peor es que el remedio de la demanda es transicionar hacia otro ente privado; es decir, regresar al mismo fracaso comprobado: la privatización de un servicio esencial.
Según la demanda, la administración de Pierluisi (2021-2024) no cumplió con el proceso requerido para aprobar el contrato de extensión de LUMA: se formalizó sin término fijo (Ley de Alianzas Público Privadas exige sea menos de 50 años), sin contar con el voto afirmativo de los representantes del interés público y sin Certificado de Cumplimiento Energético expedido por el Negociado. Lo que omitió la demanda es especificar que González era parte de la administración de Pierluisi y ocupaba la segunda posición electa más importante y, por tanto, o hubo negligencia de su parte al no saber que la administración PNP a la que pertenecía firmó un contrato nulo, o fue negligente por no haber solicitado su anulación por hechos conocidos desde 2022.