La gobernadora Jenniffer González cumplió. Cancelar el contrato de LUMA fue un compromiso político claro y reiterado durante la campaña, y respaldado por un amplio sector del país cansado de un sistema eléctrico ineficiente y costoso. Criticarla por honrar esa promesa no solo sería injusto de mi parte; sería ignorar que es el resultado de la realidad política que su narrativa electoral construyó.
El problema no es la decisión en sí. El problema podría ser el camino para ejecutarla.
La cancelación anunciada no descansa en un incumplimiento directo y probado de LUMA bajo los términos del contrato, sino en un alegado vicio en la forma en que ese contrato fue concebido y ejecutado por la pasada administración. Es una distinción importante, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el ángulo político y fiscal. Impugnar un contrato por su origen es una apuesta más compleja que rescindirlo por incumplimiento, porque desplaza el debate del desempeño de LUMA hacia la legalidad o corrección del proceso gubernamental que lo creó. Esto sin mencionar que tendrá que fustigar nuevamente a la administración de su partido que trabajó todo el proceso.
Ese giro estratégico podría tener consecuencias. Coloca al gobierno en la obligación de demostrar, con rigor técnico y legal, que ese vicio es suficiente para sostener la cancelación. No basta con el respaldo popular ni con el desgaste evidente de la empresa. Aquí, la opinión pública deja de ser el tribunal principal.
Por eso, el éxito o fracaso de esta decisión no se medirá por titulares ni por aplausos, sino por la preparación del gobierno para defender su postura. Se medirá en arbitrajes, tribunales, negociaciones y reclamaciones millonarias. Se medirá en la capacidad del Estado para anticipar escenarios adversos y mitigar riesgos para el erario.
Si la gobernadora logra sostener su estrategia, si el andamiaje legal resiste el escrutinio y el proceso culmina sin costos desproporcionados para el país, el crédito será suyo. Habrá cumplido una promesa y demostrado control de la ejecución.
Si, por el contrario, la estrategia se desmorona, si el país termina pagando caro por una cancelación mal defendida, la responsabilidad también recaerá sobre ella. En política, cumplir promesas importa. Pero gobernar exige algo más: saber cómo cumplirlas sin hipotecar el futuro.