Ha finalizado la sesión legislativa correspondiente a la segunda parte del año. Su etapa final se caracterizó por la aprobación de medidas que trastocan derechos humanos y de dudosa validez constitucional. La aprobación de medidas como los Proyectos del Senado 3 y 4, Proyectos de la Cámara 270 y 276, que violentan los derechos de las mujeres, los disparates jurídicos de enmiendas al Código Civil con relación al “nasciturus y la separación de iglesia y estado”. La aprobación del Proyecto del Senado 63, cuyo efecto real es obstaculizar el acceso a la información pública, limitar la transparencia y debilitar la fiscalización ciudadana. El acceso a la información es un derecho constitucional y este proyecto lo restringe de múltiples maneras: extiende innecesariamente los plazos para la entrega de información, elimina derechos ya adquiridos, introduce requisitos burocráticos adicionales y limita la discreción judicial.
Otro proyecto que atenta contra los derechos de las comunidades es el Proyecto de la Cámara 310, aprobado en dicho cuerpo legislativo. De convertirse en ley, socavaría dramáticamente el acceso a la justicia e impediría que múltiples comunidades impugnen daños ambientales y a su calidad de vida.
Mientras, la Cámara no atendió medidas importantes, para el país, de nuestra delegación, como las siguientes:
- Proyecto de la Cámara 555: para delinear las medidas que el Estado debe tomar para prevenir y mitigar los efectos del calor extremo en el país, particularmente entre los sectores más vulnerables como lo son la niñez y adultez mayor.
- Proyecto de la Cámara 199: para establecer un Fondo Especial de Becas y una pensión mensual para las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio.
- Proyecto de la Cámara 797: crea la “Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico”.
- Resolución Concurrente de la Cámara 2: para expresar rechazo a las políticas establecidas por el presidente de los Estados Unidos en contra de los y las inmigrantes
- Proyecto de la Cámara 331: busca establecer espacios seguros para comunidades inmigrantes en Puerto Rico.
Desde el Partido Independentista Puertorriqueño, seguiremos fiscalizando este gobierno de “varilla y cemento” que se ha dedicado a trastocar derechos humanos.