Hoy, a un año de las elecciones, conviene detenernos a reflexionar sobre un principio que parece obvio, pero que demasiadas veces olvidamos: el voto tiene consecuencias. No es un ejercicio simbólico, ni un desahogo. Es la herramienta más poderosa, y a la vez más peligrosa, que tiene una democracia cuando se usa sin conciencia de su peso.
En Puerto Rico y en Estados Unidos, vivimos momentos de caos político, institucional y social. En ambos lugares, se percibe una fatiga colectiva con la política tradicional, acompañada de una peligrosa tendencia a trivializar el proceso electoral. Votar “para enviar un mensaje”, “para castigar a alguien” o no ir porque “todos son iguales” se ha convertido en una práctica común que erosiona la calidad de las decisiones colectivas.
Cuando el voto se convierte en un acto emocional o revanchista, y no en una decisión razonada sobre políticas públicas, lo que sigue es el fracaso y la frustración. Elegimos personas simplemente para evitar que gane una que nos imparte miedo o antipatía, sin analizar la visión, el récord o el compromiso con el bien común. Luego, los mismos que votaron desde el enojo, apatía o el miedo, o aquellos que difunden temor a los electores paga esconder sus agendas, prejuicios, intereses y, en algunos casos, su cobardía, sufren las consecuencias: gobiernos ineficientes, decisiones improvisadas y una creciente desconfianza en las instituciones.
El voto no debe ser un arma de protesta, sino una afirmación de propósito. No se trata de escoger al “menos malo”, sino de exigir excelencia, integridad y competencia. Cada papeleta define el rumbo de la salud, la educación, la seguridad, la economía y la calidad de vida de todos.
Un año después, vivimos improvisación, crisis de gobernanza, promesas rotas y una sociedad más dividida. Esa es la factura del voto mal utilizado.
De cara al futuro, es momento de asumir la responsabilidad cívica con madurez. Porque votar no es solo un derecho: es un deber que moldea el país que tendremos mañana.