La competencia desleal no solo distorsiona el mercado, sino que entorpece el derecho fundamental del paciente a recibir atención médica adecuada, ética y de calidad. En el ámbito de los laboratorios clínicos, donde cada resultado puede definir un diagnóstico o salvar una vida, estas prácticas son más que injustas: son peligrosas.
Hoy vemos con preocupación cómo algunas cadenas de laboratorios se mercadean como corporaciones de salud, atrayendo pacientes mediante descuentos y la eliminación ilegal de copagos establecidos por ley. Bajo una fachada de accesibilidad, esconden procesos carentes de control de calidad, personal técnico capacitado y compromiso profesional real. Convierten la salud en un negocio de volumen, usando la imagen de “influencers” que ni siquiera poseen la educación básica o superior en ciencias clínicas.
Los laboratorios clínicos verdaderamente acreditados no compiten con precios; compiten con precisión, confiabilidad y compromiso con la ciencia. Lo que algunos han transformado en un espectáculo de mercadeo digital, nosotros lo entendemos como una responsabilidad sagrada hacia el bienestar del pueblo.
A esto se suma un escenario aún más alarmante: los planes médicos y el propio Departamento de Salud, a través de SARAFS, junto con el Colegio de Tecnólogos Médicos, han permitido y hasta fomentado este tipo de prácticas. En lugar de reforzar los controles regulatorios y promover la excelencia profesional, se aplican las leyes de forma selectiva, beneficiando a quienes operan sin la capacidad analítica ni los permisos requeridos.
El resultado es devastador: mientras se reducen arbitrariamente las tarifas de los servicios clínicos, se encarece la operación de los laboratorios serios que cumplen con los más altos estándares de calidad y cumplimiento. Esta política de permisividad favorece la mediocridad, castiga la excelencia y debilita todo el sistema sanitario del país.
En conclusión, lo más impactante es que, bajo la mirada permisiva de las autoridades, la salud clínica en Puerto Rico se está deteriorando. La combinación de tarifas reducidas, competencia ilegal y desinterés institucional pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y la seguridad del paciente. La salud no es un negocio de apariencias ni de likes: es un compromiso ético, científico y humano que debe ser defendido con firmeza y valentía.