Durante las últimas décadas, Puerto Rico ha enfrentado un marcado deterioro en la infraestructura de sus servicios básicos, especialmente en los sistemas de energía eléctrica y agua potable. Este problema no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también limita el desarrollo económico, la competitividad y la resiliencia del país ante eventos naturales y crisis globales. El sistema energético de Puerto Rico se ha caracterizado por una dependencia excesiva de fuentes fósiles, una red de transmisión envejecida y una pobre gestión administrativa. Desde antes del huracán María en 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya enfrentaba una infraestructura obsoleta, con más de 60 años de operación en muchas de sus plantas generadoras.
Los huracanes, terremotos y fallas técnicas recurrentes han evidenciado la fragilidad del sistema. A pesar de la creación de LUMA Energy para manejar la transmisión y distribución, los apagones continúan siendo frecuentes, afectando tanto a hogares como a industrias esenciales. La lentitud en la reconstrucción, la falta de planificación a largo plazo y la limitada inversión en energías renovables han perpetuado un ciclo de ineficiencia, altos costos y desconfianza ciudadana.
Proyecto Dignidad reconoce que el acceso confiable y asequible a la energía eléctrica es un derecho fundamental y propone una reforma integral del sistema energético basada en principios de transparencia, sostenibilidad y justicia social. Entre sus propuestas, se incluyen las siguientes:
• Acelerar la transición hacia energías renovables, priorizando la energía solar distribuida y los sistemas de microrredes comunitarias.
• Fortalecer la infraestructura eléctrica local, incentivando la producción energética descentralizada y la resiliencia ante desastres naturales.
• Modernizar la AEE mediante una reestructuración administrativa que elimine el contrato de LUMA y promueva una gestión profesional y técnica.
• Identificar nuevos proveedores de servicios con entidades privadas para garantizar eficiencia, rendición de cuentas y protección al consumidor.
Por otro lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) enfrenta retos similares. Gran parte de la infraestructura de distribución de agua potable data de mediados del siglo pasado, lo que provoca fugas significativas, pérdida de presión y desperdicio de millones de galones diarios. Además, los sistemas de tratamiento enfrentan deficiencias en mantenimiento, lo que ha llevado a violaciones en estándares de calidad del agua, afectando comunidades rurales y zonas de difícil acceso. La contaminación de los acuíferos, la erosión de suelos y la falta de un plan integral de conservación agravan la crisis.
Proyecto Dignidad propone un plan de modernización y conservación del sistema de agua potable que proteja los recursos naturales y garantice el acceso equitativo a este servicio vital. Las iniciativas incluyen las siguientes:
• Rehabilitar las plantas de tratamiento y las redes de distribución, utilizando tecnología moderna para reducir pérdidas y mejorar la calidad del agua.
• Implementar un programa de conservación y reforestación de cuencas hidrográficas para proteger las fuentes de agua.
• Fomentar la captación y reutilización del agua de lluvia, especialmente en zonas rurales y montañosas.
• Aumentar la fiscalización ambiental y la transparencia en los informes de calidad del agua.
• Capacitar al personal técnico y fortalecer las alianzas con universidades y comunidades para la gestión eficiente de los recursos hídricos.
Proyecto Dignidad reafirma su compromiso con transformar los servicios básicos de Puerto Rico mediante políticas públicas responsables, centradas en la dignidad humana, la eficiencia administrativa y la sostenibilidad ambiental. El país necesita un modelo de gobernanza que ponga los recursos al servicio de la gente y que promueva una infraestructura moderna, resiliente y justa.
Puerto Rico merece un sistema energético y de agua potable que funcione, que sea sostenible y que refleje los valores de una sociedad que respeta la vida y el bienestar común.