Un sátrapa trumpista boricua advirtió en su cuenta de “X” que la movida de algunos gobiernos estatales de cubrir temporalmente con sus fondos el programa SNAP de subsidios de alimentos en lo que reabre el gobierno federal es una medida peligrosa para las finanzas de los estados porque el gobierno federal NO reembolsará a los estados el dinero que gasten en eso, ya que no está obligado a hacerlo. Ya varios estados con gobernadores de ambos partidos les han dicho a sus ciudadanos que a partir del 1ro de noviembre no habrá dinero, no se gastarán fondos porque saben que no será reembolsado. Los gobiernos estatales deben ser cuidadosos y no dejarse tentar por el populismo, sentenció el sátrapa.
La advertencia del mezquino sátrapa revela una lógica tecnocrática que reduce la política pública a una contabilidad fiscal sin rostro humano. Al deslegitimar la acción de los gobiernos estatales que buscan proteger a sus ciudadanos más vulnerables durante el cierre federal, se consolida una visión donde la austeridad se convierte en virtud y la solidaridad en pecado populista. Esta postura no solo ignora la función social del programa SNAP, sino que refuerza una estructura de poder vertical en la que el centro federal impone disciplina presupuestaria a los márgenes estatales, incluso en momentos de emergencia.
Más allá del cálculo económico, lo que está en juego es el modelo de gobernanza: ¿deben los estados y territorios actuar como meros administradores de fondos federales o como espacios de autonomía política capaces de responder a las necesidades locales? La retórica del “no reembolso” busca paralizar la acción estatal, apelando al miedo fiscal y al castigo presupuestario. Pero en ese gesto se revela una concepción autoritaria del federalismo, donde la lealtad al centro se impone sobre el deber de cuidado hacia las comunidades. En ese sentido, la satrapía trumpiana no es solo una metáfora: es una forma de gobierno que exige obediencia y castiga la compasión.
Tengamos claro que el impase fiscal federal es para evitar el desmantelamiento del “Obamacare” [Affordable Care Act] que subsidia las primas de seguro médico de millones de personas que no tendrían acceso a servicios médicos de otra forma, así como recortes al programa “Medicaid”. Los republicanos trumpistas MIENTEN descaradamente al decir que Obamacare provee subsidios a inmigrantes indocumentados. Esto no es, ni ha sido cierto nunca. Los recortes propuestos afectan a los pobres y la clase media asalariada, mientras Trump y los republicanos planean recortes de impuestos a los sectores empresariales y adinerados.
Los recortes de Trump no tienen como propósito mejorar eficiencias, ni adelantar políticas de equidad ni justicia contributiva. Se trata de una política fiscal regresiva y una reestructuración gubernamental en la que los servidores públicos pasarían a ser empleados de confianza del presidente.
En menos de un año Trump ha eliminado más de 200 programas federales en áreas como salud, educación, medio ambiente, cultura y derechos civiles. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) perdió el 54% de su presupuesto, cerrando programas claves de prevención de enfermedades como cáncer, diabetes y cardíacas. El Instituto Nacional para la Salud (NIH) sufrió una reducción del 40% en su presupuesto, afectando la investigación científica nacional.
Además, Trump ha firmado órdenes ejecutivas que politizan el servicio civil, permitiendo reemplazar hasta 50,000 empleados de carrera por nombramientos políticos bajo la nueva clasificación “Schedule Policy/Career”, a quienes se les exige que demuestren lealtad a las prioridades presidenciales en sus solicitudes de empleo. Se han eliminado derechos de negociación colectiva y ha habido despidos masivos en agencias clave como Educación, Salud, Vivienda y Seguridad Nacional. Todo esto representa una centralización del poder ejecutivo, debilitando la independencia del aparato estatal y la protección de los empleados/as federales.
La ley fiscal conocida como el “One Big Beautiful Bill” firmada por Trump el 4 de julio de 2025 incluye $4.5 billones en recortes de gastos en servicios de salud, educación, infraestructura y salarios para lograr recortes contributivos que benefician principalmente a los sectores más ricos. Según el Tax Policy Center, los beneficios fiscales de los recortes serán “transferidos” casi dólar por dólar al 1% más rico de Estados Unidos, mientras que los hogares de bajos ingresos y las clases medias experimentarían una reducción neta en sus recursos. Esto configura una política fiscal regresiva, donde los ricos ganan más y los “vulnerables” menos.
Los recortes y reformas impulsadas por la administración Trump, no mejoran la eficiencia administrativa, no promueven justicia fiscal, y refuerzan una estructura de poder autoritario donde sátrapas de poca monta nos advierten que para ser administrativamente eficientes debemos olvidarnos de los “vulnerables”. En un giro irónico los empleados federales que una vez se consideraron una élite privilegiada ahora pasan a ser parte de la masa de los “vulnerables”. ¡Disfruten del trumpismo!