Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.
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Veamos.
El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó.
El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.
Por si fuera poco, las agencias ya no tendrían que darte copia de los documentos que solicites, sino que podrían dar acceso al documento en sus oficinas, incluso por un solo día, para considerarse en cumplimiento de ley. En el caso de proyectos que afectan el ambiente, por ejemplo, los documentos de planificación y permisos suelen tener cientos de páginas, planos y mapas. Si sólo puedes verlos por un día, sin copias, de forma desordenada, te quitan el derecho de revisarlos y analizarlos de manera efectiva y con calma.
En ausencia de un proceso de vistas públicas en el Senado, y por iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, llevamos a cabo en mayo unas vistas públicas ciudadanas para escuchar el sentir de múltiples organizaciones sobre el proyecto. El rechazo fue contundente. Se preparó un informe que se circuló a todos los legisladores y a la gobernadora Jenniffer González Colón.
A pesar del repudio de casi una decena de organizaciones a la medida, el pasado 26 de septiembre se emitió un informe positivo. Y sobre esto quiero detenerme.
De todas las recomendaciones y objeciones que presentaron las entidades que enviaron un memorial explicativo al Senado, no se incluyó ni siquiera una enmienda. Enviaron sus ponencias el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Sembrando Sentido; Kilómetro Cero; Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, FURIA INC.; la Clínica Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo. Además, el informe de las vistas públicas ciudadanas celebradas en mayo y enviado en agosto al Senado recogía las perspectivas de otras organizaciones, como el Observatorio de Equidad de Género, el Resiliency Law Center, la Unión Americana de Derechos Civiles, la Clínica Legal de la Universidad Interamericana y Vínculo Animal PR.
Es decir, durante la evaluación de la medida, el Senado tuvo en sus manos la ponencia de una sola agencia de gobierno, pero tuvo ponencias de más de una decena de organizaciones de la sociedad civil opuestas a la medida, y aún así, la Comisión de Gobierno que preside Ángel Toledo López rindió un informe positivo, en el que no incorporó enmiendas a la medida. Este informe se preparó con temerario desprecio hacia la verdad.
Se solicitaron memoriales explicativos a seis agencias de gobierno: la Comisión Estatal de Elecciones, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a la Oficina de Servicios Legislativos, al Departamento de Justicia, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y a la Oficina de Administración de Tribunales.
Solo una agencia envió su memorial: la Comisión Estatal de Elecciones. Una entidad que el año pasado estuvo bajo intenso escrutinio por su desempeño deficiente durante el proceso electoral, en el cual se demostró que había un severo problema con el Registro Electoral, porque aparecían miles de personas votando en las elecciones de 2016 y 2020, cuando en realidad habían fallecido o se habían mudado de Puerto Rico para esa fecha. Los problemas de la CEE además se vieron en los problemas para registrar nuevos votantes, en las irregularidades de voto adelantado, máquinas que fallaban, en el proceso de escrutinio, y en el hecho que el 70% de los colegios electorales no pudieron transmitir sus resultados.
No puedo dejar de ver la ironía en que una agencia con problemas de opacidad, operacionales y de credibilidad tan profundos, además de ser abiertamente controlada por el partido de mayoría, es la única que ‘está informando’ al Senado de Puerto Rico sobre la Ley de Transparencia.
Y claro, se sirvieron con la cuchara grande. Pidieron enmiendas que, como no hubo vista pública, nunca se discutieron, pero constan en el informe positivo de la medida. Aunque estas enmiendas no se han incorporado aún, resultan muy preocupantes y peligrosas.
Pide la Comisión Estatal de Elecciones:
- Que el término para que Ia CEE responda a peticiones de información bajo la Ley 141-2019, durante el ciclo electoral, sea el doble del término regular establecido en dicha ley.
- Que cuando se requiera información dentro de los 60 días antes de un evento electoral, la entidad tenga 60 días Iaborables para proveer la información solicitada.
- Que si la información se solicita durante el progreso de un evento electoral, la CEE disponga de 20 días laborables, una vez concluido el escrutinio, para responder a la petición.
- Que se establezca que será considerada confidencial cualquier información del Registro Electoral.
Son demasiadas las razones para rechazar este proyecto de ley. Además de las serias afrentas al derecho constitucional de acceso a la información, hubo cero participación, cero discusión, cero diálogo.
¿Se alinea el presidente del Senado con la filosofía del hoy secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que en el furor del triunfo electoral el pasado noviembre expresó en el mensaje de la victoria: “Respeten la decisión mayoritaria del pueblo de Puerto Rico, porque en la democracia manda la mayoría”? Si la Gobernadora ganó con un 41.26%, como certificó la Comisión Estatal de Elecciones, entonces la mayoría de los puertorriqueños que votaron no le dieron su voto. En todos los países es indispensable gobernar para todos los ciudadanos, buscar consensos, escuchar. ¿O es eso mucho pedir?
El llamado del Centro de Periodismo Investigativo es a que todas las personas expresen su rechazo contundente de todas las formas posibles a este proyecto, en cualquier foro al que tengan acceso. En su entorno familiar, entre sus amistades, en sus redes sociales, mediante cartas a los senadores, en fin, en todas las instancias de interacción humana y digital donde se pueda educar, compartir datos y abogar para que no se aprueben estas nefastas enmiendas a una ya deficiente ley.