En Puerto Rico, la zona marítimo-terrestre (ZMT) y los bienes de dominio público marítimo-terrestre son temas recurrentes de debate. Cada vez que surge un nuevo desarrollo cerca de la costa, aparecen también protestas, cuestionamientos y enfrentamientos entre quienes defienden el acceso público y quienes alegan derechos de propiedad privada. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que muchas veces se presenta en redes sociales y debates mediáticos.
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Ha habido casos en los que terrenos que deberían ser públicos han sido ocupados o desarrollados ilegalmente. Sabemos que esto ha generado un sentimiento de desconfianza en la población, que muchas veces reacciona con un impulso escéptico ante cualquier obra de construcción en o cerca de la costa, asumiendo que se trata de otro intento encubierto de privatización.
Si bien la ZMT es pública, no todo terreno costero lo es. Hay propiedades privadas colindantes con el mar que han sido adquiridas legítimamente y cuyos dueños tienen un derecho inherente a su uso. No obstante, muchas personas creen erradamente que pueden cruzar cualquier propiedad privada para llegar a la playa o a la ZMT, lo que ha causado conflictos y enfrentamientos recurrentes en distintos puntos de nuestro archipiélago.
De niña escuchaba a los adultos repetir un refrán que hoy me parece altamente apropiado: “El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro.” El acceso a la costa es un derecho que debe garantizarse, pero sin atropellar el derecho de propiedad. La clave está en los accesos públicos, que deben establecerse de manera clara y sin afectar la tenencia legítima de terrenos privados. Ahí es donde los municipios y el gobierno deben jugar un papel más diligente, estableciendo servidumbres de paso y protegiendo los accesos históricos sin necesidad de invadir propiedades privadas.
Es explicable y necesario que la ciudadanía fiscalice el desarrollo en la costa. Sin embargo, el debate debe darse con información clara y con un entendimiento de los conceptos legales, científicos y ambientales involucrados. No todo desarrollo es privatización, ni toda protesta está justificada si se basa en información incorrecta o medias verdades.
Para avanzar en esta discusión, es fundamental que el gobierno sea transparente con sus decisiones, que se delimiten correctamente los bienes de dominio público y que los ciudadanos comprendan tanto sus derechos de acceso como los derechos de los propietarios. Solo así se podrán evitar conflictos innecesarios y enfocar toda nuestra energía y fuerza en lo verdaderamente crucial: preservar la costa.