Las acciones de un gobierno comunican sus más profundos valores, revelando no solo prioridades presupuestarias, sino el respeto, o la falta de él, hacia su pueblo. En Puerto Rico, donde la transparencia y la equidad deberían ser pilares, el privilegio que significa la asignación de escoltas para la exgobernadora Wanda Vázquez, convicta por corrupción en el foro federal, envía un mensaje nefasto al país.
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Bajo el pretexto de la Ley 83-2025, que otorga protección vitalicia a exmandatarios sin distinguir su estatus legal, el gobierno justifica este beneficio. Pero esta determinación, amparada en que la ley no aborda específicamente el caso de una convicta como Vázquez, más que ilegal, lo que es debatible, es inmoral.
¿Qué significa esto para nuestra sociedad? La excusa oficial ignora el principio básico de sana administración pública y el hecho de que las normas no son inmutables, pues se crearon para servir al bien común, no para perpetuar privilegios. El asunto aquí va más allá de Vázquez, de lo que se trata es de qué principios de rectitud sigue el gobierno y de qué mensaje se quiere enviar. Tratarla distinto, con escoltas pagadas por contribuyentes que enfrentan recortes en servicios esenciales, refuerza una doble moral: la ley no puede diferenciar a un funcionario convicto, sea al nivel que sea. ¿Por qué un exgobernador que se declara culpable de delitos merece más protección que un ciudadano común expuesto a la delincuencia diaria? Este enfoque comunica que la corrupción tiene beneficios residuales, erosionando la confianza en las instituciones y desmotivando la lucha contra el mal gobierno.
En un contexto de austeridad fiscal, donde educación y salud sufren, mantener este “privilegio” para alguien que traicionó la confianza pública es un insulto. Lo que corresponde si se quiere defender el interés público, es revocar ese privilegio y defenderlo en los tribunales con dignidad si Vázquez lastimosamente insiste en semejante pretensión.
Puerto Rico merece un mensaje diferente: que nadie está por encima de la ley y que la sociedad no subsidiará la impunidad. Solo así forjaremos un futuro donde los valores se reflejen en acciones justas.