Mucho se ha escrito de cómo el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha pasado legislación, como la Ley 58 del 2020, mejor conocida como el Código Electoral, donde los topos han estado cargados hacia ellos, en vez de hacia la participación real de todos los partidos que queden inscritos. Un ejemplo reciente de esto fue el dejar a Proyecto Dignidad sin representación en la Comisión Estatal de Elecciones, aún cuando Proyecto Dignidad quedó inscrito en las elecciones del 2024 y retuvieron su franquicia electoral. El PNP se ha posicionado de manera tal que tienen el control no solamente del Ejecutivo y el legislativo a través de las campañas de miedo y de los millones de dólares que les permiten ganar elecciones, sino también con leyes como esta, que crea una disparidad entre los susodichos “partidos principales” y los “otros”. Sin embargo, es triste el uno darse con la realidad de que el abuso no es exclusivo del PNP, sino que también permea en el Partido Popular Democrático (PPD); ya sea el legado de Jesús Manuel Ortiz, o la “nueva” dirección de Pablo José Hernández, el PPD, que es la otra cara del bipartidismo, no se queda atrás al momento de “halar para su lado”, llevándose por el medio los derechos de los demás.
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En este caso, el abuso se da de parte del presidente de la Legislatura Municipal de Isabela, el Hon. Miguel Machado Cruz, quien le niega, a la legisladora municipal del partido Proyecto Dignidad, ser miembro en propiedad de las comisiones permanentes de esa legislatura, inclusive luego de que Proyecto Dignidad llegara en tercera posición de votos para la legislatura de Isabela y, de esa manera, gana un escaño en la misma. El candidato electo decide no juramentar al puesto, por lo que la Ley 107 del 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, le confiere un plazo de 30 días a la Legislatura Municipal para notificar ese hecho por escrito y con acuse de recibo al organismo directivo local del partido político que lo eligió, entiéndase al Proyecto Dignidad. Hubo un período de meses desde que la Legislatura Municipal de Isabela tenía que hacer esta notificación hasta que finalmente la nueva legisladora municipal juramentó a su cargo. Durante estos meses, el presidente de la Legislatura Municipal se sirvió con la cuchara grande, ya que no guardó un puesto en las comisiones permanentes para el representante de Proyecto Dignidad, y dicho puesto lo asignó a otro legislador municipal de mayoría de su partido, el PPD. La Ley 107 del 2020 busca asegurar la participación de las minorías en las legislaturas municipales y se basa en lo que se conoce como representación proporcional. De esta manera, no existe Ley de Minorías en los municipios porque ya el Código Municipal, desde que nació como la Ley de Municipios Autónomos, lo tiene integrado al solo poder nominar 13 candidatos por partido en aquellas legislaturas que tienen 16 legisladores, de manera tal que los otros tres puestos se reservan para las minorías. Sin embargo, Miguel Machado Cruz entiende que, por el simple hecho de él ser el presidente, puede negarle este derecho de representación con voz y voto a una de las minorías. Yo me pregunto, si fuese el PNP el que hubiese tenido que pasar por el proceso que tuvo que pasar Proyecto Dignidad en la Legislatura Municipal de Isabela, ¿Machado Cruz estaría haciendo lo mismo? Lo dudo mucho.
Ya Proyecto Dignidad sometió querellas tanto en la Oficina del Contralor de Puerto Rico como en la Oficina del Inspector General (OIG), denunciando este atropello de Machado Cruz. Proyecto Dignidad no pretende obtener favores ni privilegios que no se ha ganado, pero sí se merecen el respeto de otorgarles lo que con tanto esfuerzo han ganado. Ya es hora de sacar a los abusadores del gobierno, que están más interesados en posicionar favorablemente y con ventajería política a sus partidos a costa de quien sea que esté en el medio.