En los pasillos del Tribunal federal en Puerto Rico, las palabras “moción informativa” pueden sonar técnicas y hasta inocuas. Pero la más reciente jugada de la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced tiene poco de neutral: es, en esencia, un intento bien calculado de reescribir el relato de su caso, minimizar su responsabilidad y dejar lista la pista para presentarla como víctima de una acusación que “colapsó”.
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La presentación, de 28 páginas, no llega por iniciativa propia de la exgobernadora ni de su equipo legal. Es una respuesta a una orden de la jueza Silvia Carreño-Coll, quien —vale recordarlo— cuestionó abiertamente la decisión del Departamento de Justicia federal de retirar los cargos de soborno y fraude para dejar en pie apenas un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales. Una rebaja procesal que la propia jueza comparó con un “simple tirón de orejas” frente a las décadas de cárcel que originalmente enfrentaban los acusados.
Bajo el disfraz de “aclarar el expediente”, la defensa insiste en que no hubo directrices políticas, que el caso se derrumbó por falta de evidencia y que las negociaciones con los fiscales fueron de “buena fe”. La narrativa es clara: pintar a Vázquez Garced como una funcionaria injustamente acusada, víctima de un proceso sobredimensionado, y no como una exgobernadora que aceptó un acuerdo de culpabilidad frente a la justicia federal.
Pero más allá de la retórica legal, el hecho inamovible sigue ahí: Wanda Vázquez Garced se declaró culpable. Ninguna cantidad de revisiones de archivo o negaciones de reuniones clave borra la realidad de que un exmandatario o exmandataria —sobre todo de la más alta posición ejecutiva del país— que acepta responsabilidad criminal ha cruzado una línea que socava la confianza pública.
El intento de destacar la ausencia de correos incriminatorios, reinterpretar cronologías y desacreditar testigos es parte de una estrategia de relaciones públicas tanto como una táctica jurídica. Es un manual conocido: sembrar duda sobre la acusación, desplazar la atención de los hechos esenciales y apelar a la empatía por el costo personal y familiar. Todo, a semanas de la vista de sentencia.
En un país donde la corrupción gubernamental ha marcado a varias administraciones, y donde la percepción ciudadana de impunidad es alta, movimientos como este no son inocentes. Son parte de una pulseada por la narrativa: quién queda como corrupto, quién como mártir, y quién logra que la historia que quede en la memoria colectiva sea la más conveniente para su legado.
El tribunal decidirá la pena. Pero la opinión pública ya debe estar advertida: la “aclaración” que pide la defensa es, en realidad, un intento de limpiar la imagen de una figura que, por voluntad propia, aceptó su culpabilidad ante el foro federal.