La recién aprobada Ley Núm. 89-2025, (Ley 89) es una de múltiples medidas presentadas desde el principio del año para convertir derechos parentales en armas para intervenir en el ambiente escolar. Aunque se presenta como una medida que “aclara” los derechos parentales, enmienda a la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para permitir que quienes ostenten esos derechos impidan que se les instruya a menores en temas relacionados con la sexualidad, afectividad o identidad de género. Pero va más allá.
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La Ley 89 también crea una causa de acción legal contra el Departamento de Educación en caso de que se “violen” esos derechos, permitiendo el uso del mandamus y hasta la reclamación de daños punitivos. En un sistema educativo público ya en crisis, esta exposición a litigios representa una amenaza concreta para su funcionamiento.
Más preocupante aún es que el lenguaje en que se basa esta ley no surge en el vacío. Sus proponentes han utilizado argumentos calcados de la doctrina católica, específicamente, del documento Amoris Laetitia del difunto Papa Francisco.
Esto no es un dato trivial. Demuestra que la intención detrás de esta ley es importar principios religiosos a la legislación civil, en detrimento de la autonomía de la persona menor, de la educación científica, y de los derechos humanos. El resultado: censura, autocensura institucional, y pérdida del carácter universal de la educación pública.
La Ley ignora que la educación sobre sexualidad y afectividad no es ideología: es una herramienta de prevención. Es parte del esfuerzo para evitar el abuso sexual infantil, la violencia de género, los embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual. Negar esa educación perpetúa el silencio y el daño.
Por último, la ley impone una carga económica y operativa absurda al Departamento de Educación. Requiere procesos administrativos nuevos, acomodos, monitoreo de contenidos, y lo expone a litigios costosos. Esto provocará inacción, recortes y desprotección para el estudiantado. Es una ley que dice proteger derechos, pero que en realidad los erosiona.
La Ley 89 no es una aclaración. Es una ley que responde a intereses ideológicos y religiosos, no a necesidades reales. Convierte convicciones privadas en censura pública. Y pone en riesgo el derecho constitucional de cada persona a una educación que promueva su desarrollo, su dignidad, y su libertad.
Lo pueden disfrazar como quieran. Pero esto no es protección parental.Es censura. Y es peligrosa.