Desde la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF) fruto de la ley promesa en el 2016, ha sido para Puerto Rico un organismo con poderes supremos e impuesto por el Congreso de los Estados Unidos con una sola misión, reestructurar la deuda y asegurar responsabilidad en el financiamiento del Gobierno estatal. Sin embargo, cuando la propia Junta interviene o aprueba contratos con empresas que hacen cabildeo activo en el Congreso que la originó y la supervisa, no se puede sentir apatía a las sombras de dudas que genera: ¿puede existir un conflicto de interés estructural?
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El caso de New Fortress Energy (NFE) y su filial Genera PR de forma clara muestra esta preocupación. NFE ha invertido miles de dólares en actividades de cabildeo en el Congreso para influir en legislación energética y fiscal. Aunque tal acción es legal, posiciona a la compañía dentro del marco de influencias de congresistas y asesores políticos que directa o indirectamente, también tienen injerencia en el quehacer de la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico. La propia Junta aunque se define como un ente aparte, es el Congreso quién la forma, sometida a fiscalización mediante informes y audiencias ante los propios congresistas.
En julio de 2025, la Junta detuvo un contrato de $20,000 millones entre Genera PR y el gobierno de Puerto Rico, objetando su viabilidad y una posible apariencia de riesgo de monopolio en el sector energético. El cual días después aprobó. Mas sin embargo, fue la propia Junta la que meses antes también permitió el otorgamiento del contrato inicial de operaciones de las plantas eléctricas por parte de dicha empresa (NFE). De estas contradicciones, resaltan preguntas importantes sobre la consistencia, la independencia y motivaciones de la JCF.
El problema no radica en un acto de corrupción comprobado, sino en la percepción —que es igualmente dañina—en el que una empresa con poder económico e influencia política en el ámbito federal pueda lograr acuerdos con un organismo que le responde a los mismos actores políticos que busca influenciar. En una sociedad democrática, las apariencias de imparcialidad son igualmente importantes como la integridad misma. Cuando estás se desgastan, también se deteriora la confianza ciudadana.
Puerto Rico, se ve atrapado en una red de intereses corporativos, decisiones del Congreso y falta de rendición de cuentas. Es imperativo reclamar mayor transparencia en las relaciones entre contratistas del Gobierno estatal, el Congreso de los Estados Unidos y la JCF. El pueblo merece un proceso de recuperación económica dirigido por principios de justicia, no por estructuras diseñadas para beneficiar a quienes ya aglomeran poder.
Mientras no se corrijan estos riesgos de conflictos éticos, se tendrá la percepción de que la Junta es un administrador del Gobierno estatal y no como un ente fiscalizador. Al mismo tiempo que estará atrapada entre los intereses del Congreso y los de las corporaciones con agendas propias.