Han transcurrido varios días desde que un ciudadano arecibeño de sesenta años, entre cuyas hijas hay una sobreviviente de violencia de género, le disparó y mató a la expareja de ésta, con un arma que poseía legalmente, cuando se enteró de que el hombre, un joven de 21 años, la había golpeado violentamente en el rostro. El alto interés generado en los medios de comunicación parece haber sido por el respaldo casi instantáneo de sectores de la opinión pública que se identificaron con la acción de Don Miguel (como lo nombró la prensa), luego de que éste se entregara a la Policía, aceptara los hechos y dijera que lo había hecho “por proteger a su hija”. En 24 horas se recogieron más de $70,000 en una cuenta que abrió otra hija para su defensa. Muchas personas entrevistadas en la calle manifestaron que “hubieran hecho lo mismo”. Y en entrevistas y programas de análisis, abogados, profesionales de la conducta y hasta la misma gobernadora, se mostraron comprensivos y empáticos ante la conducta de este padre.
No podemos colocarnos en el lugar de esta persona que enfrenta cargos por asesinato y violación de la Ley de Armas, pues solo él es dueño de sus pensamientos. Tampoco nos corresponde especular si quiso evitar la muerte de su hija a manos de la ex pareja como consecuencia de un futuro acto de violencia; o si actuó bajo el imperativo cultural y emocional del padre protector, pensando que el Estado, a través del sistema de justicia, no sería eficiente en sus funciones. Tal vez sintió la agresión a la víctima como una afrenta contra sí mismo como padre pues la concepción popular es que “Las niñas son de papá” y sólo a éstos les corresponde corregirlas, estereotipo característico de la sociedad patriarcal que promueve el discrimen por género. Faltan hechos que posiblemente se conozcan en el proceso judicial que tendrá que enfrentar este hombre, a quien, por lo que hemos visto en los medios, parece que se le hubiera caído el mundo encima.
Coincidimos con las expresiones y análisis de compañeras feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que apuntan a que la escalada en la violencia machista tiene que ver con la falta de acciones concretas y con perspectiva de género por parte del Estado, para eliminar las condiciones de desigualdad que dividen a hombres y mujeres en nuestra sociedad. Propuestas específicas han sido formuladas a través de los años, incluso como parte de los trabajos del Comité PARE, mientras estuvo vigente el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género, y también posteriormente. Destacan entre éstas la educación ¡sí!, con perspectiva de género porque se trata de aprender a vivir desde la temprana infancia sin estereotipos, ideas y creencias que promueven la superioridad de los varones en comparación con las mujeres.
La educación debe extenderse a toda la población mediante campañas publicitarias diseñadas para erradicar las concepciones erróneas que el Patriarcado nos inculca a mujeres y hombres. Se requiere continuidad, masificación y evaluación constante de los resultados para atemperarlos a las necesidades y diversidad de públicos. La política pública de la Ley 54, los remedios civiles, las disposiciones penales y las medidas para la reeducación de los agresores, también son una guía para que el Estado asuma la labor educativa y preventiva que le corresponde. La campaña con enfoque punitivo lanzada recientemente por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), no es la respuesta correcta
Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios esenciales para salvar a las sobrevivientes, sus hijas e hijos, necesitan apoyo económico sostenido, especialmente ante las medidas restrictivas de fondos que el gobierno de EEUU le ha impuesto a programas y entidades que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión.
A diferencia del caso de Don Miguel, el deplorable precedente de 12 feminicidios ocurridos en Puerto Rico en un solo mes - junio de 2025, documentado por el Observatorio de Equidad de Género, no ha levantado interés en la opinión pública. La doble vara del Patriarcado se hace presente una vez más para inclinar la balanza en el juicio social. Veremos si esta discusión, que tantas pasiones ha generado y que suponemos resurgirá cuando comience el proceso judicial, nos hace más sensible hacia la defensa del síndrome de la mujer maltratada y la legítima defensa cuando es una víctima quien, para sobrevivir a la violencia machista, le quita la vida a su agresor. Hasta la fecha ha resultado muy difícil. Esperamos también que incremente nuestro sentido de responsabilidad colectiva en la prevención y erradicación de la violencia de género y en la exigencia al gobierno de que asuma el rol que le corresponde.
