El tema de LUMA, Genera PR y New Fortress Energy (NFE) pica y se extiende en Puerto Rico; no salimos de una para meternos en otra. Desde hace varias semanas, se vienen discutiendo diversas controversias relacionadas con el tema de la energía. Desde los 1.88 centavos por kilovatio hora para pagar las pensiones de los retirados, hasta la solicitud de aumento operacional de LUMA de $693 millones a $1,615 millones en el próximo año fiscal, con proyecciones de llegar a un presupuesto de $2,170 millones en tres años. Y sin dejar atrás los reclamos de aumento presupuestario de Genera PR, que pasaría de $300 millones a $589 millones en ese mismo periodo. Todos estos aumentos quieren justificarlos con el argumento de adecuar el sistema a lo que se necesita para fortalecer su infraestructura. Sin embargo, de aprobarse, estos ajustes conllevarían un aumento en la tarifa de energía de aproximadamente un 42 % para cada cliente. Sin duda, esto provocaría que la isla enfrente serios problemas para su desarrollo económico y podría generar una nueva ola de emigración, echando por la borda las pocas oportunidades que nos quedan para salir de la quiebra y provocar un desarrollo sostenible.
Como si no fuera suficiente con los problemas presupuestarios, surge otra controversia que complica aún más el panorama energético de Puerto Rico. Esta semana salió a relucir que la empresa NFE, que ha operado como suplidora de gas natural para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), retiró del puerto de San Juan su barcaza de gas natural licuado (GNL), conocida como la “barcaza regasificadora”, la cual servía como instalación flotante para suministrar gas a la Central San Juan. El retiro de la barcaza podría indicar un cambio en el modelo de operaciones de NFE, ya sea por razones comerciales, regulatorias o contractuales. La Central San Juan, parcialmente convertida para operar con gas natural, depende de esta barcaza para su suministro. Su retiro podría representar una interrupción en el abasto de GNL, a menos que se establezca un acuerdo alterno con otro proveedor o exista infraestructura terrestre disponible para suplir el gas.
La generación de energía eléctrica es el corazón del desarrollo económico de cualquier nación. Puerto Rico no es la excepción. Sin embargo, resulta lamentable e increíble que, en un tema tan neurálgico e importante para nuestro desarrollo, el gobierno de Puerto Rico lo haya manejado de forma tan irresponsable e ineficiente. Durante los últimos 20 años, los gobiernos de turno —tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista— han cometido errores garrafales que han costado miles de millones de dólares en ineficiencias que pudieron haberse evitado. El gobierno de Puerto Rico ha enfrentado múltiples controversias y críticas por decisiones y acuerdos ampliamente considerados como malos negocios en el área de generación de energía. Todos anhelamos que Puerto Rico pueda levantar sus finanzas, salir de la quiebra y de la Junta de Supervisión Fiscal, y lograr una economía en continuo desarrollo. Para ello, es esencial corregir los continuos errores cometidos tanto en los procesos de contratación como en los de fiscalización en todo lo relacionado con la generación y distribución de energía.
Lo que mal empieza, mal termina. El contrato entre el gobierno de Puerto Rico y NFE ha sido objeto de múltiples críticas y controversias. A continuación, enumeramos algunos de los errores más graves identificados en este proceso de negocio:
1. Se permitió que NFE operara el terminal de gas natural en el puerto de San Juan sin la autorización de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC).
2. Se autorizó la operación del terminal sin una evaluación ambiental adecuada ni estudios de riesgo para las comunidades cercanas.
3. Se ignoraron posibles peligros de explosiones, contaminación y daños a la salud pública en áreas urbanas como San Juan.
4. El contrato se firmó mediante un proceso poco transparente, sin licitación pública ni mecanismos adecuados de fiscalización.
5. Se impulsó un contrato a largo plazo con NFE sin un plan claro de diversificación energética ni desarrollo de fuentes renovables.
6. El contrato mezcla responsabilidades entre el gobierno, la AEE, Genera PR, LUMA Energy y NFE sin una estructura clara de rendición de cuentas.
No podemos seguir cometiendo errores crasos en temas tan importantes para la isla. La solución a los problemas energéticos de Puerto Rico requiere un frente común, unidad de propósito, la participación de las mejores mentes y el compromiso firme de todos los partidos políticos para, juntos, encontrar la solución más acertada por el bien del país.
