Durante varios años, el Instituto del Desarrollo de la Juventud ha realizado y publicado el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud. Recientemente, me entregaron la edición del 2025, junto a la publicación titulada “Barreras al empleo y la movilidad económica de las familias con niños y niñas: Encuesta Socioeconómica de las Familias con Menores en Puerto Rico”. Ambas publicaciones son un diagrama y diagnóstico de las realidades, desigualdades, injusticias y ausencia de políticas públicas solidarias y coherentes para miles de familias que habitan en nuestro archipiélago caribeño.
En el índice, nos señalan que el 54 % de nuestras niñas y niños menores viven bajo el nivel de pobreza, el 12 % de los jóvenes entre 16 y 19 años no estudian y permanecen sin empleo; claramente, “presas fáciles” para la violencia y la criminalidad que nos arropa.
La realidad de la composición familiar es impactante, cuando el 61 % de las familias son monoparentales, el 34 % de las familias son abuelos que viven con sus nietos menores de 18 años y están a cargo de sus necesidades. El 58 % de las familias reciben el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), demostrando una clara dependencia social, económica y una amplia brecha social y económica en Puerto Rico. En el renglón de la salud, el 28 % de los menores están sobrepeso y el 31 % no han realizado actividad física recientemente.
Las características principales de las familias de bajos ingresos revelan, según el estudio, que son lideradas por mujeres que trabajan y participan de programas de protección social. No obstante, tienen dificultades para satisfacer las necesidades básicas del hogar. En el 41 % de los hogares, hay al menos un menor que es estudiante de educación especial. En cuanto al trabajo, destacamos lo siguiente: el 41 % de las personas empleadas trabajan menos de 35 horas semanales; no obstante, expresan que trabajarían más si se les ofreciera en su empleo actual, siendo eso una gran barrera, junto a las dificultades para acceder a servicios de cuido para sus hijos e hijas.
Los que participamos de la gestión pública tenemos la obligación de conocer y comprender estos estudios para generar políticas y legislación que atiendan estas injusticias y desigualdades. Para ellos, además, es necesario una gran transformación social, política y económica para cambiar este cuadro social y construir una Patria Nueva.