Han pasado casi diez años desde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llegó a Puerto Rico con la promesa de sacarnos de la quiebra. Sin embargo, lejos de cumplir con ese objetivo, su gestión ha sido un rosario de recortes a servicios esenciales, salud, educación, pensiones, sin un solo proyecto de desarrollo económico significativo que muestre un camino hacia la recuperación. ¿Dónde están las iniciativas que impulsen el crecimiento, el empleo o la inversión? Simplemente, no existen.
Las políticas de la Junta parecen responder más a una agenda ideológica que a un plan práctico para resolver la crisis fiscal. Su enfoque, centrado en austeridad extrema, ignora las necesidades de un pueblo ya agotado por décadas de precariedad que pide calidad de vida para no tener que irse de su patria. En lugar de fomentar el desarrollo, sus decisiones han sofocado la economía, priorizando el pago a bonistas sobre el bienestar de los puertorriqueños. Esta rigidez ideológica no solo perpetúa la quiebra, sino que la agrava.
La falta de transparencia en las operaciones de la Junta es otro golpe a su credibilidad. Su operación a puerta cerrada y la opacidad en la toma de decisiones alimentan la desconfianza. ¿Cómo puede un organismo que controla el futuro económico de Puerto Rico operar sin rendir cuentas claras? La ciudadanía merece saber cómo y por qué se toman las decisiones que afectan sus vidas.
Peor aún, la Junta parece más interesada en asegurar su permanencia que en sacarnos de la quiebra. A casi una década de su llegada, y con un nuevo presupuesto en proceso de aprobación, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay proyectos de desarrollo económico, no hay soluciones estructurales, solo una burocracia que se perpetúa. Mientras tanto, Puerto Rico sigue esperando.
