Con el surgimiento de Proyecto Dignidad en la política puertorriqueña en 2020, se ha comenzado a hablar de forma más abierta, en los debates públicos y políticos, el concepto de partido conservador, un tema poco comprendido por la sociedad puertorriqueña.
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Por más de 50 años, los partidos tradicionales —el Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño— han manejado el discurso político en materia de estatus, manipulando así la psiquis de los puertorriqueños, haciéndoles creer que resolverán de una vez y por todas el estatus de Puerto Rico. Pero lo único que han logrado es el status quo y la decadencia fiscal y social de Puerto Rico.
Poco se ha hablado en Puerto Rico lo que realmente significa un partido conservador. Un partido conservador en Puerto Rico puede ser importante por varias razones, dependiendo del contexto social, económico y político. Aquí te explico algunos argumentos a favor de su relevancia. En materia económica, un partido conservador típicamente promueve la responsabilidad fiscal reduciendo el gasto público excesivo y controlando la deuda. Promueve incentivos al sector privado, fortaleciendo al sector privado a través del emprendimiento y la inversión privada para impulsar el crecimiento económico. Procura la reducción de impuestos para estimular la economía y dar mayor autonomía financiera a los ciudadanos. Esto puede ser especialmente importante en Puerto Rico, donde hay una larga historia de crisis fiscal y dependencia del gobierno central.
Aunque es un gran reto bajar los impuestos en Puerto Rico debido a la deuda pública y condición fiscal del gobierno, hay que realizar los esfuerzos para identificar áreas de ineficiencia gubernamental donde se pueda recortar gastos que se puedan traducir en alivios al bolsillo de los ciudadanos.
Reducir el tamaño del gobierno para traducir esos ahorros en alivio contributivo es una propuesta frecuente en agendas de política pública conservadora o fiscalmente responsable. Sin embargo, cualquier recorte debe hacerse con rigor técnico, evitando efectos adversos sobre servicios esenciales.
En el caso de Puerto Rico, se han identificado varias áreas con potencial de optimización o recorte, siempre considerando eficiencia y necesidad social, como por ejemplo, agencias duplicadas o con funciones redundantes como lo es la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C.; su rol podría ser integrado al Departamento de Estado o reducido sustancialmente. Otra área para identificar recortes económicos sería los programas con bajo rendimiento o pobre fiscalización como, por ejemplo, los subsidios mal fiscalizados en el Departamento de la Vivienda en los fondos de Sección 8 o programas de rehabilitación que no generan resultados concretos. Además, incentivos económicos y exenciones contributivas corporativas que no demuestran retorno a largo plazo (como ciertos decretos bajo la Ley 20/22, ahora 60). Otro ejemplo para provocar ahorros en el gobierno son las corporaciones públicas deficitarias y politizadas, como lo son WIPR (Canal 6 / Sistema de Radio y Televisión Pública). La WIPR tiene bajo nivel de audiencia y altos costos. Podría consolidarse, privatizarse parcialmente o convertirse en una entidad autosustentable.
Una agencia que puede consolidarse es la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, en inglés), sus funciones se han diluido con la creación de otras agencias como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; puede fusionarse o simplificarse. Hay que eliminar los programas de consultoría externa o contratos innecesarios, con gastos millonarios en consultores, asesores y firmas legales privadas sin métricas claras de rendimiento (en agencias como Educación, Familia, Salud y Autoridad de Energía Eléctrica).
El Departamento de Educación podría reducir sus estructuras administrativas, ya que tiene una de las burocracias más grandes del gobierno. Se puede redirigir personal administrativo hacia funciones directas en escuelas o eliminar posiciones redundantes. Además, podría fomentarse la eliminación de fideicomisos públicos inactivos o poco auditados. Muchos fideicomisos operan sin supervisión transparente y sin cumplir sus metas. Revisarlos puede liberar millones.
Realizando este análisis podemos auscultar ahorros estimados entre $250 y $400 millones anuales, que muy bien este dinero podría traducirse en reducciones en contribuciones sobre ingresos para individuos y pequeñas y medianas empresas, rebajas en el Impuesto sobre Ventas y Uso y reinversión en servicios prioritarios como salud, educación y seguridad. Por esto y muchas razones más es importante que Proyecto Dignidad siga fortaleciéndose como el único partido verdaderamente conservador en Puerto Rico. En Proyecto Dignidad, seguiremos luchando para implementar iniciativas que le devuelvan al pueblo de Puerto Rico la calidad de vida, el desarrollo económico y los valores que nos caracterizan como puertorriqueños.