En días recientes, la secretaria de Justicia declaró, en los medios de comunicación, que el aborto pudiera estar sujeto a investigaciones y procesamientos criminales. Estas declaraciones son contrarias al ordenamiento jurídico vigente y representan una distorsión peligrosa de los derechos constitucionales de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico.
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Los artículos 98, 99 y 100 del Código Penal regulan el aborto, desde al menos 1937, para proteger a las personas gestantes y no para criminalizar los procedimientos médicos y de salud, como incorrectamente alega la secretaria. Estos artículos penalizan el aborto forzado o realizado fuera del contexto médico. No es delito el aborto practicado por personal médico autorizado dentro de la relación médico-paciente para proteger la salud o la vida de la paciente. Grupos activistas han denunciado que pretender lo contrario es una tergiversación peligrosa, antijurídica e impropia de una alta funcionaria como lo es la secretaria de Justicia.
No es cierto que el derecho al aborto en Puerto Rico cambió. El aborto sigue siendo legal y seguro y se practica siguiendo el derecho aplicable en clínicas médicas ampliamente reguladas por el Departamento de Salud. Es importante destacar que el estado de derecho no cambia por el hecho de que haya cambiado la administración. Nuestros derechos permanecen para protegernos precisamente contra cambios arbitrarios de postura del gobierno.
Desde 2022, el exsecretario de Justicia Domingo Emanuelli afirmó -a la prensa internacional y a la Legislatura- que la revocación de Roe v. Wade no alteró el marco legal puertorriqueño, ya que la política pública con respecto a este derecho responde a la Constitución de Puerto Rico y no a decisiones federales sobre ese tema.
Nuestra Constitución protege el derecho a la intimidad, la autonomía corporal, la dignidad y la igualdad. Estos derechos impiden que el Estado interfiera en las decisiones privadas sobre tratamientos médicos, incluyendo el aborto.
En Puerto Rico, no existe una crisis legal ni de salud relacionada al aborto. El gobierno debería dejar de crear incertidumbre y de criminalizar el acceso a los servicios de salud.