Los gritos desesperados de los pacientes, grabados por los vecinos, fueron una alerta de los abusos físicos sufridos en el Hogar Brother’s Home en Bayamón, Puerto Rico. Este caso ha evidenciado una realidad alarmante: las personas con discapacidad intelectual severa continúan siendo víctimas de abuso en instituciones que deberían ser refugios seguros. A nivel mundial, entre el 15% y el 33% de los adultos con discapacidad intelectual sufren abuso sexual en algún momento de sus vidas, y en las instituciones que los cuidan, esta cifra puede superar el 50%. Sin embargo, la denuncia es mínima, ya que solo el 3% de los casos se reportan y menos del 5% llegan a una condena judicial (Public Health Reviews, 2019; Massachusetts Government, 2021).
Este caso no es aislado. Cada año, en Puerto Rico, se reporta un caso que logra reconocimiento mediático, pero sabemos que por cada uno de estos, existen muchos más que permanecen en silencio. En 2023, el caso del Hogar Huellas en Aguas Buenas llamó la atención cuando la dueña del hogar fue acusada por desatender a dos residentes con discapacidad intelectual severa. Este caso fue llevado a vista preliminar, exponiendo la negligencia institucional en el cuidado de esta población vulnerable. En 2024, un investigador de la Fiscalía de Arecibo fue imputado por cometer actos lascivos contra una mujer con discapacidad intelectual. El Departamento de Justicia suspendió al acusado y trasladó la investigación para garantizar imparcialidad (YouTube, Swissinfo).
La dificultad de las víctimas de denunciar estos abusos es una de las barreras más graves. Las personas con discapacidad intelectual, particularmente las severas, enfrentan retos importantes para expresar su sufrimiento o comprender completamente la naturaleza del abuso. De acuerdo con el Journal of Intellectual Disability Research, las personas con discapacidad intelectual severa a menudo tienen limitaciones en su capacidad para comunicarse eficazmente, lo que complica aún más su habilidad para denunciar abusos (Harris, 2018). La falta de habilidades comunicativas y la dependencia de cuidadores les colocan en una posición aún más vulnerable. Es crucial que las instituciones no solo estén equipadas con personal capacitado para atender las necesidades de esta población, sino que también cuenten con sistemas de denuncia confidenciales y accesibles, donde las víctimas puedan ser escuchadas a través de sus cuidadores, terapeutas u otras formas de intervención profesional.
Las instituciones deben ser sometidas a una supervisión constante para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Las autoridades deben actuar de manera efectiva y proactiva, tomando medidas firmes para garantizar la protección de las personas con discapacidad intelectual. Las víctimas de abuso deben recibir el apoyo necesario para que su voz, aunque limitada, sea escuchada y tomada en cuenta.
