La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) confirma la actuación de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de dejar a Proyecto Dignidad (PD) fuera de la Comisión. La decisión de la mayoría del TSPR también deniega y hace caso omiso a los méritos de los argumentos constitucionales presentados por PD.
En esta decisión, hubo tres jueces que no votaron con la mayoría, sino que tuvieron opiniones disidentes, incluyendo a la jueza presidenta del TSPR. Estos jueces disidentes entienden que la decisión afecta la igualdad de representación política y los derechos de los más de 80,000 electores que votaron por Proyecto Dignidad. En otras palabras, que la CEE actuó incorrectamente y que PD debió haber retenido su representación dentro de la CEE. El razonamiento de dicha decisión esboza una tergiversación de la mayoría tratando de limitar y reducir el argumento a una inequidad económica entre los partidos políticos y a una requisición que le hiciera la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la CEE de aumentar eficiencias fiscales y reducir gastos. Esta petición de la JSF a la CEE no es sinónimo de eliminar partidos que cumplieron con los requisitos para tener representación en la CEE. Inclusive, este elemento económico presentado por el TSPR es debatido con claridad en la nota 23 de la disidencia del juez Ángel Colón Pérez, donde expone que, en ningún lugar de la ley, incluyendo en su exposición de motivos, se identifica el asunto de las exigencias de la JSF sobre eficiencia fiscal como la razón para limitar la cantidad de partidos dentro de la CEE.
Con esta decisión, el TSPR relega a Proyecto Dignidad a una posición similar a la que estaría un partido emergente por petición una vez consiguen los endosos requeridos, aun cuando en las pasadas elecciones el partido retuvo su franquicia electoral, retuvo los asientos en el Senado y en la Cámara y aumentó su presencia con 12 legisladores municipales en 11 pueblos de la isla.
Las reacciones no se hicieron esperar; tanto Proyecto Dignidad, el Partido Popular Democrático, el Movimiento Victoria Ciudadana, al igual que varias personas de la prensa, levantaron sus voces criticando esta decisión. Sin embargo, como un concierto de una sinfónica, no se hizo esperar la reacción de Goliat: el Partido Nuevo Progresista (PNP), a través de su líder de facto y presidente del Senado, haciendo también alusión de los elementos económicos de la decisión. ¿Es que argumentos económicos tienen mayor peso que la representatividad de diferentes sectores de la población? ¡De ninguna manera! La igualdad y la representación en las instituciones como la CEE son pilares de la justicia electoral. La igualdad política no es un privilegio, sino un derecho fundamental en los sistemas democráticos. Esto es otro de los efectos del nefasto Código Electoral del 2020, creado por el PNP, donde claramente se ve que fue preparado para obliterar el trabajo de consenso y preparar el camino a la imposición y el control de pocos sobre muchos.
Así como el pueblo de Israel en tiempos pasados necesitó que llegara un jovencito llamado David, con una convicción inmutable y una claridad de propósito excepcional, para enfrentar a Goliat, así mismo Proyecto Dignidad seguirá luchando contra las iniquidades y el control del PNP en busca de la igualdad de representación y en busca de la defensa de los derechos fundamentales de todos y cada uno de la ciudadanía puertorriqueña.
