Cada 28 de mayo conmemoramos el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres. Ayer, Aborto Libre Puerto Rico y sobre 30 organizaciones reafirmaron el compromiso inquebrantable con el derecho a la salud. Se exigió acceso a servicios integrales, seguros y sensibles, en respeto a la autonomía y a la dignidad de todas las personas, pero en particular, las mujeres: mujeres negras, trans, migrantes y empobrecidas, quienes son el objeto de ataques institucionales mediante las políticas de Donald Trump y Jenniffer González.
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Los organizaciones denuncian múltiples violencias y políticas gubernamentales que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva donde el aborto, aunque sigue siendo legal, es cada vez más inaccesible. Se denunciaron además los recortes económicos, impulsados por Trump y González, que resultan en el cierre de centros proveedores de servicios de salud y programas esenciales para la salud sexual y reproductiva, lo que impacta de manera desproporcionada a las comunidades más marginadas de nuestra isla. En Puerto Rico, han cerrado al menos 12 salas de parto, evidenciando la crisis de los servicios de obstetricia, que algunas persona identifican como emergencia de salud pública.
Se rechazan las políticas antitrans que restringen el acceso a servicios de salud esenciales para las personas trans y no binaries, negando su identidad, en menosprecio sistemático a la diversidad corporal, sexual y de género, y una invisibilización activa de las necesidades de estas comunidades. Se denunció el desmantelamiento de programas de detección, tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual y de clínicas especializadas que comprometen la salud pública colectiva, perpetuando ciclos de estigmatización, desinformación y violencia institucional; los ataques sistemáticos contra mujeres migrantes, muchas de ellas racializadas.
Los servicios de salud, la salud sexual y reproductiva son derechos humanos básicos. Se exigen políticas públicas que reconozcan y protejan derechos de las mujeres, así como inversión urgente en la infraestructura de salud pública y un sistema de salud accesible que no permita la discriminación amparados en la fe que profesen.