Eso de quedar bien con Dios y con el Diablo—como dice aquel viejo dicho—es tarea complicada. En más de una ocasión, se termina incomodando a todos y complaciendo a ninguno.
Ese parece ser el balance de la más reciente movida pública de la gobernadora Jenniffer González para atender el asunto de los vehículos todo terreno. Ya sabe: four tracks, Banshees y Can-Ams.
Por alguna razón, hoy es objeto de discusión si estos vehículos, prohibidos en la mayor parte de las jurisdicciones del planeta para su uso en carretera, deben ser permitidos aquí. Un uso que, si nos guiamos por las recomendaciones de los manufacturadores, no es incentivado y es catalogado como inseguro.
El asunto gravita hacia la época electoral. Esa donde se promete en medio de la pesca de votos.
González aseguró entonces, en medio de una tarima política, que “Si ustedes me dan la oportunidad de ser la gobernadora de Puerto Rico, yo le voy a poner tablillas a los Banshees, a las motoras, a los Can-Ams. A todo lo que tenga motor para que puedan transitar por todas las carreteras”.
Luego de aquel manifiesto de intenciones, Misael González Trinidad, conocido en la calle como Rey Charlie, endosó la candidatura de la hoy gobernadora. Ella, por su parte, arribó a la convención de su partido en uno de estos vehículos que, según la fábrica, no deben ser conducidos en carretera.
“Fast forward” al 2025, González ha sido perseguida por el fantasma de aquella promesa que, tal y como fue manifestada entonces, recibió el rechazo de los grupos que representan a los agentes de ley y orden.
Dar tablillas para que transiten en las carreteras todos los vehículos de motor puede ser simpático para quienes los conducen de manera contraria a la ley y han retado históricamente a los agentes que tratan de hacer cumplir los estatutos.
Pero, para otros, ha sido visto como un endoso a una conducta hoy tipificada como delito.
La gobernadora ha firmado una orden ejecutiva que crea un comité para evaluar aquella promesa de campaña, que ha sido diluida para bajar su intensidad.
El grueso de aquello prometido se escapó a toda prisa, como banshee roba’o.
La versión de 2025 no es tan abarcadora como lo prometido en tarima, y eso ha levantado ronchas.
Pero, aun con la versión “aguada” de aquella promesa, no ha logrado eliminar la incomodidad entre los grupos de policías, que, según han manifestado sus portavoces, se sienten desautorizados por su “comandante en jefe”.
El lunes en Aguadilla, la gobernadora restó importancia a la controversia, que despachó como “una novela”.
Sin embargo, resulta evidente que es mucho más.
Sobre todo, tras la colocación en el comité que evaluaría el rumbo de esa promesa precisamente a Misael González Trinidad, el mismísimo Rey Charlie.
El que, hace justo un año, en mayo de 2024, insultó al hoy jefe del Negociado de Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, luego de un operativo en el que agentes intervinieron contra conductores que violaban la ley en una caravana de recibimiento a Maripily.
Charlie fue acusado en febrero de 2025 y encontrado culpable de “alteración a la paz” contra el capitán Zeno.
La fiscalía presentó pruebas que demostraron que González Trinidad profirió palabras ofensivas y degradantes a través de un altoparlante frente a una multitud durante la caravana, y que, por lo mismo, debía pagar una multa de $1,000.
Pero, en Fortaleza, le pareció un nombramiento adecuado.
Si se toma el tiempo de conversar con agentes de la policía sobre la inclusión de Charlie en un comité nombrado por la gobernadora, descubrirá que, para ellos, se trató de una pésima idea.
Una decisión que tiene el efecto de desautorizar a oficiales como Zeno y a todos aquellos que han intentado poner en cintura a los violadores de las leyes de tránsito.
La coyuntura coloca a la gobernadora—innecesariamente—en medio de una controversia en la que resultará imposible complacer a las partes en disputa.
En este caso, no hay manera de ganar.
Probablemente, un recordatorio de la importancia del peso de la palabra y de que, a la hora de buscar votos, no todo se vale.
