Recientemente, he observado que cuando integrantes de la prensa le preguntan a la gobernadora Jenniffer González sobre su terrible ejecutoria, esta responde que todo es parte del Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), por el cual, según ella, votaron en primarias y en las elecciones generales. Veamos si esto es cierto.
Los primeros tres pilares económicos de la gobernadora durante su campaña fueron: (1) alivio energético —mediante la cancelación del contrato de LUMA— (2) facilitar los permisos y (3) defender los fondos federales. El día de la toma de posesión de la gobernadora, Puerto Rico sufrió otro apagón masivo y recibió el noveno aumento en la tarifa de electricidad desde que las administraciones del PNP y el Partido Popular Democrático dieron paso a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego de esto, no ha habido ninguna mejora en el servicio eléctrico ni alivio económico al consumidor, sino que, por el contrario, continúa la amenaza constante de aumentar las tarifas eléctricas para la ciudadanía. Tampoco ha habido movimiento alguno hacia la cancelación del contrato leonino con LUMA. Sabido es que la cláusula 14 del contrato de LUMA provee para que se cancele si la privatizadora se excede por tres años consecutivos de su presupuesto, cosa que ha hecho. Por tanto, no ha habido alivio energético.
En cuanto a facilitar los permisos, a preguntas de la periodista Nuria Sebazco, la gobernadora respondió que legalizó la destrucción ambiental de mangles y ecosistemas en la zona marítimo terrestre de La Parguera como parte de su compromiso programático en la “facilitación de permisos”. No es cierto que los pequeños y medianos comerciantes que necesitan permisos para operar negocios a través de todo el país hayan recibido un alivio económico por virtud de la destrucción del ambiente en La Parguera.
Por último, en cuanto a los fondos federales, recientemente, la pérdida de fondos ha sido alarmante: se han perdido sobre $400 millones en el Departamento de Educación, sobre $50 millones de fondos en la Universidad de Puerto Rico y sobre $4 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Los primeros 100 días de la gobernadora han resultado en promesas incumplidas.
