Creo que todos lo subestimaron. De seguro pensaban que, como el grueso de las noticias que llegan al ciclo de medios todas las semanas, esta se apagaría de la misma forma en que había sido discutida con fuerza. Pero si se le echaba una mirada desapasionada, desde afuera y con algo de astucia, era fácil predecir que el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega no moriría fácilmente. Esa realidad sigue siendo la misma a casi un mes del asesinato que se le atribuye a Hermes Ávila. Y ello tiene múltiples frentes, todos difíciles de atender.
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El primer y menos importante (al menos para la médula del asunto) es el escenario político. A estas alturas hay investigaciones por todas partes. Una del Departamento de Corrección, que ya concluyó. Esa pesquisa deja el fuerte de la responsabilidad sobre los médicos que diagnosticaron al hombre. Primero, los del Fondo del Seguro del Estado en 2009. Más tarde, los de Correctional Health Services el 13 de septiembre de 2013 y, más adelante, los de Physician Correctional en 2019 y, más tarde, en 2022.
Fueron esos médicos, todos, los que recomendaron la excarcelación de Hermes Ávila asegurando que el hombre es parapléjico y, añadiendo a la ecuación, cualquier cantidad de condiciones nada graves, pero con nombres rimbombantes como “vejiga neurogénica” que, dicho de otro modo, no es otra cosa sino incontinencia urinaria. Fue esa racha de diagnósticos la que sirvió de zapata para la recomendación de excarcelación.
Pero los médicos no son los únicos responsables. Corrección decidió aplicar una interpretación mixta de que utilizó como base de la excarcelación la Ley 25, pero añadiendo elementos de otros estatutos y reglamentos para añadir condiciones limitantes como causa de excarcelación. La Ley 25, según su texto, solo contempla enfermedades terminales y no hace referencia a condiciones limitantes como las aplicadas para sacar a la calle al hombre. Si es un error de interpretación que a su vez trajo una falta administrativa o si es una mogolla legal producto de legislación posterior a la Ley 25 es algo que está por determinarse.
Precisamente esa imprecisión que alude a la Ley 25 para unas cosas y la ley que permitió la reorganización de la agencia para otra parece haber llevado al Departamento de Corrección a otro de los errores prácticos de este caso: en lugar de visitar a Ávila cada 15 días, el hombre fue visitado solo 4 veces desde 2023.
Corrección dejó claro que Physician Correctional dejó la evaluación del asesino confeso en manos de un panel de médicos que no incluía a los especialistas que la Ley requería. Que a casi un mes de los hechos no consta que Hermes Ávila fuera evaluado psicológicamente como preámbulo a su excarcelación para determinar su grado de peligrosidad. Como si no fuera imperativo analizar a un tipo que no solo confesó ser asesino en 2005 sino que entonces se le sospechaba asesino en serie.
Ahora, con todos estos elementos ante sí, no queda claro qué más pueda obtener la Cámara en su vista de interpelación de hoy a la secretaria de Corrección, Ana Escobar. La próxima citación relevante sería la del próximo jueves cuando se espera que los ejecutivos de Physician Correctional comparezcan ante la comisión senatorial que preside José Vargas Vidot. Lo que sí está claro es que este caso debe tener consecuencias claras. No del tipo de “la soga parte por lo más finito”. De esas no. De las verdaderas. De las que constituyan un acto restaurativo para la familia de la mujer y que, de paso, identifiquen sin blandenguerías las fallas y las consecuencias de quienes fallaron.
Solo así se evitará que quienes han levantado la mano para investigar arrastren la percepción pública del toallazo nuestro de cada día. De ese que busca barrer debajo de la alfombra. Que busca el olvido y no validar de manera genuina las preocupaciones del país ante el temor de que el sistema, que ya parece despedazarse, sea capaz de poner en riesgo a los ciudadanos por no hacer lo que le corresponde.