El cuento lo hemos escuchado muchos. Y, en el peor de los casos, nos ha tocado de primera mano. Usted va al doctor. El doctor le diagnostica y le da una receta. Pero cuando va a comprar los medicamentos recetados por el médico, en la farmacia le ponen un freno. Resulta que el plan médico le dice que no.
Que esos, los medicamentos escogidos como apropiados por el profesional de la salud, no son aprobados. Cuestiona si el freno es el resultado de un criterio médico. Una duda de diagnóstico expresada por su especialista que, después de todo, es quien le conoce a usted y su expediente médico. Pero resulta que no. Que quien dice que “ese medicamento no” no es su especialista. Tampoco un médico. Ese “no” es, en definitiva, el resultado de un cálculo matemático en el que se concluye que usted deberá conformarse con otra cosa. ¿Que esa otra cosa no es la ideal para su condición? ¡Qué importa! ¿Que el cambiar el tratamiento recomendado puede poner su vida en riesgo? ¡Que así sea!
PUBLICIDAD
Esa parecería ser la política pública permanente cuando se trata del acceso a la salud. Eso y la falta de centros de práctica para los nuevos médicos o la imposibilidad de acceder a las redes de proveedores a pesar de haber una “escasez de especialistas”. Porque, no se llame a engaño, una cosa es lo que los gobiernos históricamente dicen con la boca y otra lo que dicen con su acciones.
Durante años hemos venido escuchando a los funcionarios de los gobiernos aceptar que existe una crisis. Que, tal y como denuncian los médicos y otros profesionales de salud, “es necesario intervenir con los planes médicos para garantizar que los ciudadanos reciban el servicio de salud que merecen. Que claro que hay que garantizar talleres de práctica para los nuevos médicos que se gradúan todos los años por cientos y que así, por cientos, se ven forzados a tomar un avión e irse del país porque en el suyo no pueden trabajar.
Pero pasa un cuatrienio y luego el otro. Y el que le sigue. Y todas las voces del Gobierno dicen que están preocupados. Y dicen que “están investigando” lo que ya se investigó mil veces. Que están “trabajando” pero el trabajo al final no deja frutos importantes. Citan al secretario o secretaria de salud de turno y a los médicos, enfermeros, directivos del sector de los hospitales y laboratorios.
Los oyen –no sé si en realidad les escuchan- pero el saldo es el mismo: el problema sigue latente.
¿Qué tal si les emplazamos? Si están preocupados por las carencias de los pacientes y la clase médica, actúen. ¿Desde dónde sino desde el poder es que es posible promover cambios? Están en el lugar para hacerlo. ¿Qué la Junta Fiscal dice que no? Den la batalla. ¡Denúncienlo! Sean vocales y den el frente. Que a fin de cuentas sus lealtades deben estar con sus constituyentes. Pero actúen ya. No hacerlo validaría lo que se repite cuatrienio tras cuatrienio y que provoca la ira de los oficiales electos: que el dinero que se aporta a las campañas puede más que sus ganas de provocar los cambios. No hay excusas. ¿O es que vamos a dejar pasar un cuatrienio más para cambiar lo que está mal?
