Lo siento pero no. En efecto, los ciudadanos han perdido la fe en las instituciones.
El lunes conversaba con la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, sobre la percepción que pude recoger el pasado viernes en Vega Baja sobre lo que será el saldo de la investigación que ese Departamento y la compañía Physician Correctional llevan a cabo sobre la liberación de Hermes Ávila. Hablo del asesino confeso que fue liberado por el error, la omisión, el descuido o la intención de alguien. Sepa usted cuál de esas opciones es la respuesta. Allí, en Vega Baja, cubriendo el sepelio de Ivette Joan Meléndez Vega, la presunta víctima del individuo, la indignación se mezclaba con el dolor y con la necesidad de saber quién fue el responsable de dejar a ese asesino en libertad. Quién, en su sano juicio y el pleno uso de sus capacidades, entendió que aquel hombre que el país vio caminando en medio de su arresto, es en efecto parapléjico. ¿Quién pudo haber certificado que tenía una enfermedad terminal? ¿Quién entendió que a pesar de la naturaleza de su sentencia cumplía con los requisitos para salir en libertad sin poner en riesgo a más mujeres?
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La secretaria pidió una apuesta por la investigación interna. Lo mismo que ha solicitado la empresa que maneja el sistema de salud corrección. El propio gobernador, Pedro Pierluisi, ha apostado a esa confianza con una paciencia incomprensible. ¿No quiere el Estado saber de inmediato quienes son los médicos que certificaron que el hombre debía salir? ¿No quiere acaso conocer con carácter de urgencia por qué Corrección dio su visto bueno a su salida? “No señor”, soltó el gobernador cuando le preguntaba el viernes si no es que la responsabilidad por lo ocurrido debe ser ubicada sobre Corrección y la empresa. Como si algún otro jugador hubiera tomado parte de este proceso.
Mientras el Gobierno aguarda porque Corrección y la empresa revelen el resultado de su investigación en treinta días, el país no confía. Y aunque eso de saber lo que opina el país suele ser materia difícil de precisar, en este caso basta con escuchar las llamadas del público en la radio o leer los comentarios en plataforma sociales. Si ello no es suficiente, solo salga a la esquina y converse sobre el tema. El temor de muchos es que en ese ejercicio de “el cabro velando las lechugas” el cabro termine devorándolas. ¿Sabe usted todo lo que puede pasar en 30 días? Las conversaciones que tendrán curso, los posibles cambios a los expedientes médicos custodiados por el investigador que se investiga a sí mismo o, si es más generoso, los posibles errores. Para muestra, los propios hechos.
No es en balde que ciudadanos y legisladores de todos los partidos han insistido en que el Departamento de Justicia entre de inmediato a liderar la investigación. Como respuesta, desde la agencia llega alguna declaración escrita, pedidos de confianza y silencio. No cuestiono las intenciones de los titulares de las agencias. Después de todo, solo ellos conocen lo que les mueve en este caso y si la verdad es su guía. Si es su ánimo hacer justicia a esta mujer y su familia o cuidar las espaldas del estado que erró. Pero el pueblo tiene suficientes razones para desconfiar de sus instituciones. De partir de la idea de las malas intenciones. Ante ello y para combatirlo, ya no es suficiente apelar a la fe. Ahora la acción se demuestra con los hechos. El país los espera vigilante.
