Los casos de ahogamientos en nuestras playas por personas que desafían las condiciones peligrosas de ciertas zonas costeras han levantado todo un debate de qué hacer, como si hubiéramos descubierto ayer que somos islas. Peor aún, el debate plantea un gran choque de intereses entre la industria del turismo, el público y privado, y nuestro sistema de seguridad pública. En ese debate, todo el mundo se quiere desentender y seguir caminando como si nada estuviese pasando.
Por un lado, la empresa a la que el gobierno le delegó promovernos en el mundo entero como atracción turística, Discover Puerto Rico, resalta en varias de sus campañas nuestras playas como parte del paraíso que tienen que venir a experimentar. Pero una vez llegan, esos que los traen se echan a un lado y empieza el trabajo de otros componentes gubernamentales o privados. En el lado privado entran en juego la industria hotelera, los transportistas y los operadores de lugares turísticos en sus estrategias de cómo hacerle la vida más placentera al visitante. En ese proceso, y en lo que tiene que ver con las playas, esos actores de nuestro sector turístico tienen que hacer todo los posible para que el visitante no entre a zonas altamente peligrosas, muchas de las cuales ya son conocidas. Muchos de estos visitantes hacen caso omiso, van a las playas peligrosas y entonces ahí entra otro actor al escenario, los salvavidas, rescatistas y el aparato de seguridad pública del país.
PUBLICIDAD
¿Dónde podemos encontrar un balance de todos estos intereses para evitar más desgracias y que sigan llegando visitantes?
Creo que el gran esfuerzo tiene que venir del Gobierno como el principal protector del interés público. Sin embargo, con el esquema que tenemos ante nosotros, con gran parte de los componentes del problema siendo privados incluyendo la empresa que sustituyó la Compañía de Turismo, el gobierno tendrá que delegar recursos en estos y establecer políticas públicas que los obliguen a tener como prioridad la seguridad de la gente.
Debemos tener más seguridad en nuestras costas con salvavidas, tecnología que los apoye y equipos de rescate disponibles para responder con rapidez ante cualquier emergencia. ¿Quiénes pagan esto? Tiene que ser una combinación del estado y el sector privado, pues ambos se benefician del turismo. El gobierno con el impulso a la economía, pago de impuestos y otros beneficios, y el sector privado con ganancias en sus empresas.
Obviar este problema y esperar que aparezca una solución mágica es darle largas a un asunto que pudiera convertirse insostenible si pasa a ser uno de mala imagen internacional que lacere nuestros objetivos turísticos.
El problema se tiene que atender desde todos los frentes de manera urgente. A los turistas hay que orientarlos sin filtros, incluso desde antes que pisen tierra boricua, porque al final les salpica la mala publicidad a los hoteles y otras instalaciones donde se congregan. Descansar en campañas publicitarias que no son vistas por los extranjeros sería una pérdida de dinero y esfuerzo.
No podemos traer a la gente a nuestras islas y después decirle que no se pueden meter a la playa. Tenemos que traerlos, informar dónde se pueden meter y, sabiendo cuales son las zonas costeras más populares, proveer seguridad pública. Sí, pública. Porque es de interés público que no ocurran accidentes. Además, porque luego nos saldrá más caro el problema, con amplias movilizaciones de recursos de rescate y reparación en el daño a nuestra imagen. ¿Qué usted cree?
