Espanta la cantidad de casos federales contra figuras políticas que resultan convictas por delitos de enriquecimiento personal, sobornos, malversación de fondos para beneficio propio y de terceros. Claro que podemos llamar esto “corrupción”, pero el problema va mucho más allá. “Corrupción” tiende a presentarse como un problema individual de falta de moral. El problema que tenemos no es de individuos sino estructural, y hay que analizarlo para entenderlo y ver cómo lo desmontamos.
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El desfile interminable de arrestos y juicios nos puede hacer pensar que “todos son iguales”, o peor, que la corrupción es de alguna forma parte de nuestra cultura (un mito colonial que todos los imperios modernos han promulgado para justificar su dominio). Tales ideas minan la esperanza de que podamos tener el buen gobierno que, como todo pueblo, merecemos.
Puerto Rico nunca ha tenido ese gobierno. Desde “los tiempos de España” la economía y el gobierno de Puerto Rico han servido para extraer riquezas del país. [IR6] La primera administración colonial norteamericana facilitó las operaciones de las compañías azucareras en todo el país; luego, el Estado Libre Asociado trajo industrias ligeras, plantas petroquímicas, y finalmente farmacéuticas que se beneficiaron por algunas décadas de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal; todavía ahora, con nuestra economía en crisis, siguen saliendo decenas de miles de millones de dólares en ganancias privadas, mucho más que los “fondos federales” que entran.
Ahora nuestra economía beneficia a tres grandes sectores: las corporaciones de control foráneo –que incluyen farmacéuticas y megatiendas-- los bonistas, y la élite local. Las primeras apenas aportan al fisco puertorriqueño, considerando los recursos que tienen y los beneficios que reciben; los segundos por décadas gozaron de una triple exención contributiva para prestarle dinero al gobierno y sus corporaciones. Con la quiebra, muchas cooperativas locales y “bonistas del patio” sufrieron grandes pérdidas, pero las entidades más poderosas del mercado de bonos, los hedge funds con sus batallones de abogados, lograron, en los planes de ajuste de deuda, enormes ganancias a costas de quienes confiaron en la rentabilidad de invertir en nuestro gobierno cada vez más endeudado. Y todo esto es completamente legal.
El tercer grupo que se beneficia es la élite local, que como en todas las colonias del mundo actúa como socio menor de los intereses imperiales. Se compone del liderato político de los dos partidos que han controlado el ELA por las pasadas décadas, junto con un gran número de empresarios locales.
Hace más de una década, un análisis del Centro para la Nueva Economía dividió el “sector privado” boricua en dos: el sector privado competitivo, y el sector privado rentista. Este último se compone de empresas que se dedican a hacer negocios con el gobierno, y por ello no compiten por ofrecer el mejor producto al menor precio, sino por el favor de quienes otorgan los contratos. Con la privatización de los servicios públicos, este sector ahora incluye grandes empresas foráneas como LUMA y GeneraPR.
Es decir, estas empresas dependen de contratos otorgados por funcionarios gubernamentales. Y resulta que esos funcionarios, y los partidos políticos que los reúnen, necesitan dinero para ganar sus campañas.
Ahí, entre el liderato político y las empresas rentistas, se da lo que la fiscalía federal procesa como “corrupción”. Los dos partidos políticos que han gobernado Puerto Rico dependen de sus relaciones con esas empresas, y difícilmente van a erradicar las prácticas mediante las cuales sus “socios” empresarios recuperan sus inversiones políticas.
Por eso, la “corrupción” no es solo una característica de unos individuos, como tampoco es justo decir que “todos” son así. Hay que combatirla atacando su raíz, que es la relación entre el gobierno y las compañías del sector privado que hacen negocios con él.
Primero, se debe detener la ola de privatización, a cada vez mayor escala, de servicios públicos. Una consigna estudiantil de la UPR en las huelgas de este siglo decía, muy certeramente, “Es la privatización madre de la corrupción”. Lejos de traer los beneficios de la competencia, la privatización crea más empresas rentistas, multiplicando las oportunidades de colusión entre administración gubernamental y las empresas privatizadoras, y por ende de “inversionismo político”: ¿cuántos de los puestos ejecutivos de GeneraPR y LUMA son ocupados por personas con estrecha relación con el PNP o el PPD?
Dentro del gobierno, se debería reducir drásticamente la cantidad de puestos “de confianza” en cada agencia del gobierno, mediante los cuales la rama ejecutiva se mantiene bajo el férreo control del inquilino de turno en La Fortaleza. Desde estos puestos, precisamente, se otorgan los contratos, y priman criterios político-partidistas.
Para combatir la corrupción, miremos más allá de la moralidad de los individuos. Atendamos las estructuras que la fomentan.