La pregunta es, ¿cuánto nos costarán y quién pagará por ellos?
Los errores se subsanan de distintas formas, con dinero en el ámbito judicial, con remedios diversos en otros escenarios y si se trata de un error peligroso, puede costar la vida.
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Hablemos del error que a todas luces cometió la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el caso de Eliezer Molina, quien fuera descertificado esta semana para correr por un escaño senatorial por acumulación de manera independiente. Ambas partes, entiéndase CEE y Molina, han dado versiones confusas y contradictorias en el desarrollo de esta controversia. Pero independientemente de ello, lo cierto es que a Molina la CEE le permitió recoger endosos, proceso que solo se activa si la CEE autoriza, habiéndose cumplido con la entrega de documentos o al menos evidencia de que los mismos estaban tramitados al 2 de enero pasado.
Evidentemente alguien en la oficina del secretario de la CEE cometió un error. Le permitieron recoger endosos sin aparentemente cumplir con los primeros requisitos. Pero ya sea deliberado o involuntario, ese error no debe repercutir en contra del ciudadano sino de la parte con el poder casi absoluto aquí, el Estado. Creo que eventualmente, ya sea por una resolución judicial o reconsideración de la CEE, a Eliezer Molina se le debe permitir correr pues ya hizo el ejercicio de mostrar simpatía hacia su candidatura de un grupo de electores en un proceso legitimado por el gobierno. A nivel gerencial, la CEE remediar el error con las acciones que entienda a nivel de personal o procesal.
En el caso de la demanda en contra del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) el escenario pudiera ser distinto. Aquí se plantea que ambos partidos cometieron un error procesal al no someter al recogido de endosos a los candidatos que no fueron certificados como “únicos” al 2 de enero, es decir que tienen otro u otros contendores para la misma plaza electiva. Y es que el MVC y PD no ejecutaron su método alterno a la primaria antes del 2 de enero como hizo el PIP que hoy no enfrenta tal cuestionamiento. Al haber pautado su proceso alterno posterior a la fecha fatal de radicación de candidaturas, entienden desde los partidos de mayoría, que esos candidatos con contendores en un mismo puesto tenían que cumplir con los procesos que aplican a los demás, que van a las primarias del 2 de junio. Este caso no luce tan claro como el de Eliezer Molina y parecen haber varias interpretaciones de lo que dice la Ley Electoral y el reglamento que la rige.
En este caso creo que, si eventualmente el poder judicial les adjudica la razón a los demandantes, por tratarse de uno procesal de los aspirantes demandados, el error podría tener que pagarlo esos ciudadanos con sus candidaturas, es decir quedando fuera de la contienda. Sin embargo, ello es remediable con procesos políticos internos de los partidos en cuestión. Es decir, la ley permite que, si un candidato ya certificado retira su aspiración, el partido puede llenar esa vacante. En este caso, los candidatos “de agua” pudieran ser sustituidos en muchos casos por los que oficialmente respalda la Alianza ante el electorado. Por ejemplo, entrando Ana Irma Rivera Lassen bajo la insignia del PIP en sustitución del médico de Aguas Buenas que figurará en la papeleta sin intención alguna de ocupar el cargo. La Alianza no se trastocaría en otras áreas y tendrían los candidatos que quieren. La pregunta es, ¿lo harían?
Los errores ante nosotros son peligrosos, atentan contra nuestros procesos democráticos y laceran la confianza en nuestros procesos electorales. Es cuestión de días o semanas ver como se atienden los errores ante nosotros. ¿Qué usted cree?
