Los niños nacen para ser felices, pero los adultos se lo echamos a perder. Hablemos de este ciclo imparable antes de que otro caso nos golpee nuestras caras.
Ya nos conocemos, tendemos a reaccionar y no a prevenir. Nuestros niños y niñas la vienen pasando mal desde hace mucho. Obvio que no todos, pero suficientes como para comenzar a realizar actos puntuales y concretos más allá de declarar un estado de emergencia contra la violencia infantil a riesgo de que tenga el mismo efecto que ha tenido el que se decretó para enfrentar la violencia de género. Si actuaremos como país para defender a los niños y niñas significa que todas las instituciones —públicas y privadas— deberán aportar, con acciones, por el bien de nuestros menores. No es quedarnos en palabras, discursos y buenas intenciones. Es definir protocolos y CUMPLIRLOS. ¡Todos!
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Agarraremos por los cuernos uno de los muchos toros de este problema: las clínicas de abortos NO SON INTOCABLES EN CUANTO A LAS MENORES DE EDAD SE REFIERE. Hablemos, pues, de 118 niñas y de dos más que protagonizaron noticias en las últimas semanas o meses: Gabriela, la adolescente de 13 años que fue llevada muerta a un CDT por un hombre de 27 años que alegó ser su pareja y de la que alegadamente fue violada y embarazada por su propio padre. De las otras 118 solo sabemos que se sometieron a un aborto.
Cientos de niños y niñas son víctimas de abuso sexual, pedofilia e incesto en Puerto Rico. Lo trágico: muchos casos ocurren gracias al silencio cómplice y maldito de los que saben quién hace qué y contra quién y no lo denuncian por miedo o porque normalizaron relaciones evidentemente aberrantes. Los agresores son abuelos, padres, padrastros, tíos, primos, hermanos, vecinos, amigos, conocidos... En el caso de la niña de 13 años embarazada por su padre reaccionamos como si fuera un caso aislado. Cuando se dio la noticia su entorno se preguntó lo que debieron preguntarse en cuanto la vieron embarazada. En la escuela, ¿alguien preguntó quién era el papá de la criatura? En el hospital ¿nadie cuestionó? ¿Y sus familiares y vecinos? ¿Todos se conformaron con la explicación del padre que justificó el embarazo diciendo que fue por una relación con un amiguito? O algo así dijo, aunque tras su arresto manifestó desconocer quién era el padre.
La normalización de los embarazos infantiles evita cuestionar quién es el padre de la criatura. Y es ahí en donde radica el origen de un posible maltrato, agresión o violación: en el papá del bebé. Saber quién es arroja luz sobre si estamos ante una niña agredida sexualmente. Es aquí en donde las clínicas de aborto jugarían un papel fundamental. Aunque suene duro, sepa que el hombre que se alega embarazó a su hija se hubiera evitado muchos problemas si hubiese optado por un aborto. En la clínica nadie habría cuestionado que una niña de sexto grado y con 13 años llegara para terminar un embarazo.
Sustento mi argumento. Tras rechazar testificar en una vista convocada por la senadora Joanne Rodríguez Veve sobre un proyecto de ley para regular el aborto infantil (aborto realizado en menores de edad), las únicas cuatro clínicas en la Isla de terminaciones de embarazos contestaron por escrito las preguntas de la legisladora. Las respuestas sorprenden. En los pasados cinco años se realizaron 118 abortos infantiles. (Un promedio de 24 por año). Una clínica realizó 11 abortos, la segunda practicó ocho, la tercera 17 y la cuarta 82. Los abortos infantiles son legales en Puerto Rico y las menores no necesitan el consentimiento de sus padres o tutores. Sin embargo, el Estado confía en que la clínica reportará al Departamento de la Familia si sospecha violación, agresión sexual, trata humana o incesto a la luz de la Ley 246 del 2011 que obliga a cualquier persona, entidad, institución o agencia a denunciar y/o retener de forma inmediata si existe sospecha de que un menor de edad es víctima de algún tipo de agresión o maltrato. Resulta que de esas cuatro clínicas solo UNA reportó TRES casos “sospechosos” al Departamento de la Familia; es decir, de los 118 abortos infantiles que se practicaron en los últimos 5 años en la isla solo tres (¡TRES!) levantaron sospechas en UNA sola clínica. Las otras tres no reportaron ningún caso. ¡NINGUNO! Con esa estadística dígame si al papá que se alega embarazó a la menor no le hubiese convenido el aborto de su hijo/nieto. Las probabilidades de haber sido reportado como un caso sospechoso eran bien bajas, por no decir nulas. Mejor aún para el hombre, la única prueba contundente que lo hubiera ligado al embarazo iría a parar al contenedor de excedentes biológicos, eufemismo de zafacón. Sencillo, al no realizarse un examen de ADN al feto desaparece para siempre la prueba que identificaría quién es el padre del bebé y, por tanto, sostendría legalmente algún posible maltrato, violación o incesto.
Ahora bien, ¿no cree usted que la mera presencia de una niña de 12, 13, 14 o 15 años en una clínica de abortos no es de por sí un caso sospechoso o, por lo menos, de que algo no anda bien con la menor? ¿Es una clínica de aborto el lugar para que una niña vaya a buscar un servicio médico? Y si lo hace, ¿no se debería indagar o referir el caso al Departamento de la Familia? Si el embarazo es producto de una relación con un noviecito menor de edad no existe delito alguno. Pero ¿cómo se prueba si el papá de la criatura es un menor de edad y no es un adulto o un familiar? ¿En serio nos vamos a creer que de esos 118 casos solo tres eran sospechosos de algún tipo de agresión sexual o maltrato?
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Tras reportarse el caso de Gabriela, la adolescente de 13 años que murió en San Sebastián, se comenzó a hablar sobre la declaración de un estado de emergencia para proteger a nuestros niños. Y entre tanto reclamo e indignación nadie habla de echarle un ojo a las clínicas de aborto y añadirlas en esta cruzada en contra del maltrato infantil, agresión sexual, trata humana, pedofilia e incesto. Mire todas las ramificaciones que tienen estos abortos infantiles que llegan a las clínicas en donde nadie sospecha nada. El papá de la criatura puede ser el bichote del barrio que violó a una nena de 12 o 13 años. O el abuelo o el tío o el papá o el líder religioso o un feligrés de la iglesia a donde acude la niña. Todas las figuras mencionadas poseen suficiente autoridad y poder como para hacer amenazas serias. ¡Muy serias!
¡No podemos seguir siendo el país de la impunidad! Más que exigir un estado de emergencia en favor de la niñez debemos hacer cumplir la Ley 246 del 2011. No hacen falta más leyes, solo falta que se cumplan las existentes. Ante una petición de la senadora Rodrìguez Veve, el Secretario de Justicia nombró a una fiscal para investigar si hubo algún tipo de agresión sexual, violación o incesto entre los 118 abortos infantiles reportados por las cuatro clínicas. Yo confío en que el Secretario y la fiscal cumplan con esas 118 niñas, así como con Gabriela y la niña que parió a su propio hermano.
Cuando un menor llega a un hospital o escuela con signos de posible abuso físico se activa un protocolo con el Departamento de la Familia. ¿Por qué no hacer lo mismo en los casos de niñas embarazadas? Afortunadamente, no son muchas, pero un caso es suficiente como para salir en su defensa si hubo alguna agresión. Ya escucho a muchos argumentar que eso violenta la intimidad de las niñas. ¿En serio? Ese argumento tiende a la impunidad. No nos llamemos a engaños. En cuanto al embarazo, debe ser la menor la que tome la decisión de si lo lleva a término o lo interrumpe, siempre asistida por una profesional de salud mental, una trabajadora social y/o una pediatra. Un aborto no es poca cosa en una menor de edad y un embarazo tampoco. No podemos realizar abortos infantiles y devolver a las niñas al entorno en donde posiblemente estén siendo maltratadas o abusadas. Y aclaro, porque en este País leemos lo que queremos entender, no estoy cuestionando el aborto de una mujer mayor de edad. Son adultas y dueñas de sus cuerpos. Pero, el aborto de las adultas no se puede defender a costa de las menores.
