En los últimos años se ha discutido con insistencia el tema del acceso a la vivienda. Pero aunque una conversación casual con jóvenes profesionales o miembros de la clase trabajadora confirma que muchos buscan y no encuentran casa para comprar, aun hay quien insiste en negar la existencia de un problema.
Si se le pregunta al gobierno o a figuras del mundo de las bienes raíces y la construcción, el problema es minúsculo. Afirman que el mercado tiene viviendas suficientes a precios que los ciudadanos puedan pagar, que falta inventario y que el auge de los alquileres a corto plazo tiene poco que ver con el problema denunciado.
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Pero, más allá de la cosa anecdótica, ¿qué dicen los números? El lunes se llevó a cabo en el Senado una vista pública sobre la Resolución 600 radicada por la senadora Ana Irma Rivera Lassén que busca estudiar el mercado de la vivienda y proveer soluciones que permitan que aquello de tener “derecho a una vivienda digna” sea una realidad y no solo retorica para todos los ciudadanos. En el contexto de esas vistas, presentó su ponencia el profesor Raúl Santiago Bartolemei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Y lo que depuso me parece no solo pertinente sino esencial para atender el asunto. El profesor no se valió de anécdotas y opiniones poco sustentadas (como las que puede tener cualquiera que hable de un tema que no ha estudiado. El político de turno, usted o yo) sino que descansó en datos que compartió con la intención de arrancar de raíz múltiples mitos . Para comenzar, la siguiente afirmación: “Hay un excedente de propiedades comprándose por encima de tasación y un déficit aún peor de vivienda social y asequible que nadie está supliendo”. Dicho de otra forma, las casas disponibles se venden a sobreprecio, cosa que deja a muchos potenciales compradores fuera del mercado y; faltan casas a precios que la clase media-trabajadora pueda pagar con el producto de sus ingresos.
El profesor dejó claro que el auge en los alquileres a corto plazo indudablemente contribuye a la crisis y falta de casas a precios que puedan pagarse. Para sustentarlo presentó los datos de un estudio realizado junto Deepak Lamba del Centro para la Nueva Economía y otros dos economistas, que detalla que entre 2014 y 2020 en municipios costeros como San Juan, Luquillo, Rincón, Vieques y Culebra, este tipo de alquiler representaba apenas entre un 3 y un 30% del total de vivienda disponible. Este número ha ido en incremento y, de paso, ha traído aumentos en los precios de alquiler y compraventa de entre un 7 y un 23%. Por lo que concluir que la proliferación sin controles de este tipo de alquiler indudablemente ha traído un encarecimiento en los costos del mercado, no es descabellado.
Tras presentar su radiografía, el planificador recomendó al Gobierno varias medidas. La primera, evaluar mecanismos que regulen los alquileres a corto plazo. Aunque en la isla se celebra el crecimiento de este tipo de negocio, muchas de las principales ciudades del mundo están limitándolo con la intención de garantizar vivienda asequible para sus ciudadanos. Han reconocido el problema en lugar de barrerlo bajo la algombra. Tome usted los casos de París o Berlín que establecen un tope de días destinados a ese tipo de alquiler. En Portugal ya no se están expidiendo licencias de este tipo y en Nueva York, una de las ciudades con mayor crisis de vivienda, se ha prohibido alquilar apartamentos enteros por menos de 30 días, a menos que el dueño de la propiedad esté viviendo en ella.
De igual manera, Santiago planteó que para atender el asunto, además de establecer regulaciones es necesario buscar vías para evitar el desplazamiento de comunidades económicamente vulnerables. Para hacerlo sugirió opciones como el establecimiento de cooperativas de vivienda o fideicomisos de la tierra. En fin, que no hay suficientes casas. Negarlo no es honesto y solo aliemnta un problema que puede traer consigo una crisis. No buscar solución es, cuando menos. insensible.
