La situación energética de Puerto Rico se discute intensamente. Reiterados aumentos a la factura de electricidad solicitados por la compañía privada LUMA Energy, interrupciones de servicio diarias, el proceso de privatización y el proceso de renegociación de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica (AEE). Deuda que no ha sido auditada integralmente, deuda cuyo pago jamás puede ir por encima del bienestar del pueblo. El pueblo debe ir siempre antes que la deuda.
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También, criticamos los ostentosos salarios y bonos de hasta doscientos mil dólares, de los gerenciales de Genera PR a pocos meses de comenzar en Puerto Rico, con los fondos que deberían estar destinados a ofrecer un servicio esencial para toda la ciudadanía.
La alianza viciosa pro-privatización, a favor del “libre mercado” integrada por los partidos Nuevo Progresita, Popular Democrático y Proyecto Dignidad defiende la privatización alegando que trae mejoras en la eficiencia, que la mejora en la eficiencia se traduce en ahorros en la generación y la distribución de la electricidad y que esos ahorros se traducirían en la reducción en el costo de la electricidad en Puerto Rico. Todo ha resultado ser falso.
La legislatura llevó a cabo una vista pública en la que se confirmó que alrededor del 95 % por ciento del personal de Genera PR está compuesto por el mismo personal que era de la AEE, y sus fondos son públicos, de FEMA o de la AEE; evidenciando que la privatización es lo mismo pero con otro nombre, con mayores salarios y bonificaciones desmedidas y menos transparencia. En conclusión, la privatización solo ha servido para hacer a los privatizadores más ricos.
Puerto Rico debió primero auditar la deuda, luego, determinar lo que era necesario para nuestro desarrollo económico, y a partir de eso, renegociar la deuda. Se hizo al revés. No se auditó ninguna de estas deudas y se han subordinado las necesidades del país al pago de esa deuda.
No debemos permitir que esto suceda con la deuda de la autoridad de la AEE. Sigamos luchando por el acuerdo que necesitamos, que no implique absolutamente ningún aumento de la electricidad en Puerto Rico para pagar a los bonistas.