Quizá usted lo recuerde. Quizá no. Pero para los vecinos afectados, la noche del 17 de septiembre sigue tan viva como aquel día. Aquella noche las lluvias asociadas al huracán Fiona provocaron estragos en distintos puntos de la isla. Pero en Villas de Parkville 2 la cosa era particularmente seria.
Allí una parte del complejo colapsó. Y aunque inicialmente se creía que el colapso se debía al efecto exclusivo de las lluvias, pronto se divulgaría que vecinos de comunidades contiguas habían denunciado alegados vicios de construcción en el proyecto y la elaboración de un muro de contención para, alegadamente, evitar que el agua de una quebrada contigua socavara los cimientos de los proyectos residenciales de la zona. Un año después de lo ocurrido y de las promesas de ayuda, los vecinos continúan en el limbo. Muchos de ellos, personas ya jubiladas con ingresos fijos que tienen que pagar por el alquiler tras la reubicación y, encima, pagar la hipoteca que un lugar en el que no pueden vivir. Otros, los que creían haber adelantado sus planes y ya habían saldado sus propiedades, ahora tienen que gastar el dinero de la jubilación en el pago de un nuevo alquiler. Mientras tanto, nadie responde.
PUBLICIDAD
Pero ese caso no uno de excepción. Si no, recuerde el caso de la Urbanización Las Lomas en Ceiba. La misma que experimentó un derrumbe monumental que hizo que la mayor parte de las casas de la calle 2 colapsaran. Los puntos comunes entre ambas experiencias son evidentes. En ambas situaciones, se trata de proyectos de vivienda privados impulsados por desarrolladores, con permisología aparentemente en regla, el financiamiento de la banca e incluso asegurados. En el caso de Guaynabo aún está por verse, pero en el caso de Ceiba informes periodísticos posteriores a los hechos revelaron que el proyecto no se realizó sin cumplir con leyes locales y federales. Tampoco se habría realizado un estudio de suelo para certificar que el lugar era apto para la construcción de más de 100 casas que fueron financiadas por la banca. En Guaynabo, los reclamos de vecinos de comunidades cercanas apuntaban a alegadas irregularidades en el proceso de permisos y la canalización adecuada de un cuerpo de agua que posteriormente habría reclamado su cauce.
Pero aunque para que este tipo de proyecto pueda ser construido se requiere de permisos ambientales locales, permisos municipales, la intervención de diversas agencias y, más tarde, el financiamiento de la banca, ahora nadie se da por enterado de la desgracia de las familias. En Ceiba, los vecinos optaron por demandar ante el tribunal. En Guaynabo, el seguro (según los vecinos “Chubb”) no ha respondido, mientras muchos tienen que continuar pagando sus hipotecas. Mientras, las agencias de gobierno tampoco se dan por enteradas anclándose en que es un desarrollo privado. Sí, lo es. Pero un desarrollo privado solo puede ver la luz del día si cuenta con permisos gubernamentales diversos.
¿Quién es responsable de estas tragedias? ¿Cómo es que en múltiples casos, incluyendo el huracán María, los seguros hacen la representación de que cubrirán por daños para luego no hacerlo y a fin de cuentas el asunto no tiene consecuencias? Que alguien se lo explique a estas familias. Si es que pueden
