Durante años la Federación de Maestros de Puerto Rico ha denunciado el modelo de privatización de escuelas mediante las escuelas chárter, también llamadas escuelas alianza, como un nicho para acrecentar la corrupción y malversación de fondos públicos en el Departamento de Educación a costa de la educación del país. El caso de controversia reciente que involucra a Paradiso College en Río Piedras y a su principal impulsor Robert Acosta, beneficiario de la cuestionada ley 60, pone de manifiesto lo que venimos señalando sobre este modelo de negocio, que está directamente vinculado al proceso de desmantelamiento de un sistema educativo en crisis. Una entidad que construye sin permisos y es multada, que solicita un permiso de uso sin mediar consulta de ubicación, que da información falsa en dicho proceso para imponer este quiosco a pesar de tan siquiera contar con el apoyo de las comunidades a quienes pretende servir, y sin tener carta constitutiva donde el DE autorice su operación, son sólo algunos de los ejemplos de cómo existen entidades como esta, que reconocen que operan abiertamente al margen de la ley sin ninguna consecuencia y peor aún, con respaldo del Departamento de Educación. Como si fuera poco, a pesar de mediar una sentencia donde el tribunal ordena mediante acuerdo el cierre de ese quiosco hasta tanto no se resuelva el proceso de permisos requeridos para dicha operación, la persona que dirige este proyecto fraudulento decide abiertamente seguir operaciones, en abierto desafío a la sentencia de un tribunal, producto de un acuerdo que la misma entidad suscribió con el Municipio de San Juan.
La pregunta obligada es la siguiente: si así ha estado marcado el inicio de esta escuela chárter y no han recibido un solo centavo del DE, ¿qué podemos esperar si el Departamento cometiera el grave error de otorgarle presupuesto a este ente que promueve estas prácticas en claro desafío a leyes y reglamentos que rigen sus operaciones?
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Como dicen por ahí, lo que mal empieza, mal termina. Pero más allá de esta situación, que tiene múltiples matices y se han dado declaraciones escandalosas, a fin de cuentas lo central radica en que nuestros estudiantes y padres, al igual que los maestros, merecemos una educación pública gratuita y de calidad, sin caer presas de falsas dicotomías por parte de los mercaderes de la educación que aprovechan la crisis para pescar en río revuelto.
Hay literatura de más, que demuestra que las escuelas chárter no son la panacea para resolver los problemas que tenemos en materia de aprovechamiento académico, pero sí sirven como una lavadora de dinero público para fuentes privadas. Uno de los elementos centrales que llama la atención en Paradiso, pero no es exclusivo de ese ente y que es parte del esquema para saqueo de fondos de muchas escuelas chárter en los EE. UU., es el negocio de los bienes raíces. Actualmente este ente tiene cuatro corporaciones registradas con el mismo nombre, pero con distintos objetivos. La ley 85, mal llamada reforma educativa, establece que para operar una escuela alianza debes ser una entidad “sin fines de lucro”. Lo que han hecho muchos mercaderes de la educación en EE. UU., y Paradiso bajo Robert Acosta pretende hacer lo mismo, es crear distintas entidades bajo el mismo dueño, unas sin fines y otras con fines de lucro, para darle la vuelta a esta ley y generar ganancias con el dinero de los estudiantes por diversos métodos. En primer lugar, por el alquiler de dicha propiedad, que le pertenece a él como dueño o socio de la corporación, y por otro lado a través de la subcontratación de la administración de la propuesta escuela. Esto teniendo como posible consecuencia el cierre de otras escuelas públicas que están en la misma zona. Es un negocio redondo, donde personas como Kira Golden, una ley 60 que viene a evadir contribuciones de EE. UU., también está envuelta, y fue quien manifestó que el huracán María era lo mejor que le había podido pasar a los puertorriqueños.
El esquema de corrupción que mayormente se da en las escuelas chárter está relacionado al proceso de compras, administración y alquiler o compra de propiedades. Cobran rentas altísimas para desviar dinero destinado a los estudiantes. Creando un enorme incentivo para pagar por encima del valor del mercado la renta por las facilidades y la compra de materiales, así como el manejo de la escuela, en detrimento de los servicios a los estudiantes y las condiciones de trabajo del magisterio que allí labora.
Ejemplos sobran de esquemas fraudulentos como éste en los Estados Unidos. El escándalo de las escuelas chárter IDEA en el estado de Texas, una cadena donde la pasada secretaria de Educación federal Betsy Devos es principal participante, y se les acusó entre otras cosas de querer comprar un ‘jet’ privado con dinero destinado a las escuelas. El escándalo de la Fresh Start Charter School en California, donde los dueños obtuvieron más de $800 mil dólares en ingresos por la renta de la propiedad a la chárter, y resulta que ellos también eran los dueños del inmueble. En otras ciudades como Cincinnati y Cleveland se han dado esquemas de corrupción similares, y ahora se busca replicar este esquema perverso en nuestro sistema público de enseñanza, utilizando los reclamos legítimos de padres y estudiantes que buscan una mejor educación. La llamada descentralización del DE en curso busca aceitar este proceso, donde las escuelas chárter gozan de autonomía fiscal y tienen múltiples esquemas para no rendir cuentas ante el país, abriendo paso al saqueo masivo e impulsando toda una industria del fracaso educativo a mayor escala.
Nuestro llamado a la descentralización y fortalecimiento de las escuelas públicas del país parte de la necesidad de sacar este modelo de negocio de nuestra política pública, fortaleciendo las escuelas desde la autonomía escolar y docente, entregando el funcionamiento y presupuesto de éstas a sus principales gestores, las comunidades escolares. Las comunidades son las que conocen cuales son sus verdaderas necesidades y son a quién pertenecen las escuelas.
Sabemos que hay muchos intereses detrás del presupuesto de Educación, el mayor del gobierno de Puerto Rico, y que esto no es un problema de falta de ideas. Son intereses de clase los que están chocando, y esto en definitiva se va a decidir en el terreno de la lucha social. El caso de Paradiso es sólo un ejemplo de lo que se quiere replicar en múltiples instancias de nuestro sistema educativo. El magisterio puertorriqueño y el pueblo tienen el deber de desenmascarar a estos lobos vestidos de oveja, y de forma militante construir el nuevo paradigma educativo. Donde estos esquemas de robo y saqueo del dinero destinado a la educación de nuestro pueblo no tengan cabida.
